Los días 13 y 14 de mayo de 2026, la Asociación Civil Mane’kenk participó del Primer Taller Participativo en el marco del proceso de elaboración del Plan de Manejo y Gestión del Área Natural Protegida Península Mitre (ANPPM), convocado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Taller presencial en Chiloé, Chile — Mayo 2026
La Asociación Manekenk participa de la Comunidad de Aprendizaje de Gestores de Turberas Patagónicas, una iniciativa impulsada en el marco del programa Mar Patagónico Resiliente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, junto a WCS Chile.
Entre el 4 y el 8 de mayo, integrantes de la organización participaron del taller presencial desarrollado en Chiloé, Chile, junto a gestores y administradores de áreas de conservación de distintos territorios de la Patagonia chilena y argentina vinculados a la protección de humedales de turberas.
La Comunidad de Aprendizaje tiene como objetivo fortalecer capacidades, intercambiar experiencias y generar herramientas para mejorar la conservación efectiva de estos ecosistemas estratégicos frente a la crisis climática.
🌿 Las turberas son capaces de almacenar dos veces más carbono que todos los bosques juntos, cumpliendo un rol fundamental en la regulación climática y en la conservación del agua y la biodiversidad.
El programa se desarrolla mediante módulos virtuales y encuentros presenciales en distintos puntos de la Patagonia, promoviendo el intercambio de conocimientos, la planificación participativa y el aprendizaje colaborativo entre organizaciones, comunidades y equipos de gestión ambiental.
Desde Asociación Manekenk señalaron que la participación en este espacio regional fortalece el trabajo que la organización desarrolla desde hace años en Tierra del Fuego en relación con la conservación de turberas, humedales y ecosistemas costeros, promoviendo además la articulación con experiencias de otros territorios patagónicos.
La participación de Manekenk reafirma el compromiso de la organización con la defensa de las turberas como ecosistemas fundamentales para enfrentar el cambio climático, proteger las reservas de agua y conservar la biodiversidad de la Patagonia austral.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
La Comisión fue creada por el Artículo 21 de la Ley Provincial P-1461, que establece el Área Natural Protegida Península Mitre (ANPPM). Su propósito es conciliar los intereses de los sectores económicos, sociales y culturales vinculados al territorio; monitorear el avance del Plan de Manejo y Gestión; participar en el análisis de proyectos y propuestas; controlar la aplicación de fondos destinados al área; e intervenir formalmente en la presentación de la Memoria y Balance de Gestión Anual ante la Legislatura provincial.
Según el Artículo 22, la Comisión está integrada por representantes de los siguientes organismos y sectores:
La Comisión tiene carácter consultivo y honorario. Sus conclusiones son no vinculantes, aunque en caso de apartamiento, la autoridad de aplicación deberá fundamentar por escrito y notificar a la Comisión en un plazo de diez (10) días.
🌿 ¡Las Organizaciones No Gubernamentales tenemos dos lugares en esta Comisión!
2024
2025
2026
Consejo Provincial de Medio Ambiente — Tierra del Fuego
Consejo Provincial de Medio Ambiente — Tierra del Fuego
Consejo Provincial de Medio Ambiente — Tierra del Fuego
El día de la Educación Ambiental se originó con la Declaración de Estocolmo, en 1972 (en la Conferencia sobre el Medioambiente Humano, organizada por las Naciones Unidas). En la misma, se estableció la Educación Ambiental como una prioridad. Como resultado, tres años después se firmó un acuerdo entre países —la Carta de Belgrado: un marco general para la educación ambiental— donde se establecieron metas ambientales, objetivos y principios de su educación.
Conocé los principios de la Carta de Belgrado haciendo clic en el botón.
Material didáctico elaborado por Asociación Manekenk que describe estrategias pedagógicas para elaborar un proyecto de Educación Ambiental. Podés descargarlo, compartirlo y regalarlo.
¿Dudas? ¿Preguntas? Escribinos a info@manekenk.org.ar
En un contexto donde la crisis climática impacta con mayor fuerza en los territorios y en los cuerpos de las mujeres, fortalecer el liderazgo y la incidencia de defensoras ambientales no es una opción: es una necesidad urgente.
Te invitamos a ser parte de estos Diálogos de Alto Nivel, un espacio de encuentro, formación y construcción colectiva para:
Potenciar liderazgos de mujeres y lideresas indígenas
Intercambiar experiencias territoriales
Construir estrategias de incidencia real en la agenda climática
Inscribirte en el siguiente formulario para comenzar las clases virtuales el 4/05/2026
Porque sin mujeres no hay justicia climática.
Porque sin territorio no hay vida.
Lunes de mayo, junio y julio
19 a 21 hs
Modalidad virtual y presencial
Actividad 100% gratuita
Inscribite y sumate a esta red que transforma. AQUI
La defensa del ambiente también es una lucha feminista.
Ante la modificación de la Ley de Glaciares aprobada en el Congreso el pasado 9 de abril, en detrimento del ambiente e ignorando la manifestación ciudadana, se presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de la provincia de La Pampa para plantear la inconstitucionalidad de la reforma.
La acción colectiva, impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, cuenta con el respaldo de más de 850.000 firmas. Se solicita una medida cautelar urgente para proteger el agua de las personas en Argentina, exigiendo la suspensión de la aplicación de la ley N° 27.804 que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en todo el territorio nacional.
El amparo colectivo sostiene que la reforma de la Ley de Glaciares viola la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el sistema de presupuestos mínimos ambientales establecido en la Constitución Nacional.
El amparo solicita la suspensión de toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización vinculada a la nueva norma. Esto incluye:
La reforma reemplaza el criterio científico común por decisiones discrecionales de cada provincia sobre qué áreas proteger. Lejos de ser una actualización técnica, se trata de un intento de fragmentar la protección de recursos que alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas.
Esta acción judicial se presenta tras un proceso legislativo signado por las irregularidades.
Por un lado, una audiencia pública trunca en la cual se inscribieron alrededor de 102.000 personas y menos del 0,2% pudo participar oralmente. La modalidad de participación fue alterada una vez abierta la inscripción, bajo criterios que no cumplieron con los requisitos de transparencia pertinentes.
A su vez, causó alarma la transferencia de fondos ATN y adelantos de coparticipación efectuados durante el mes de marzo: casi 5.000.000 millones de pesos para inclinar la balanza a favor de la reforma de la Ley de Glaciares.
El bloque actor de la acción legal cuenta con la presencia de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares N° 26.639 sancionada en 2010, junto a una amplia red de asambleas y organizaciones territoriales de todo el país, entre ellas la Asamblea Jachal no se Toca, la Asamblea Popular por el Agua, la Asamblea Pucará, la Asamblea en Defensa del Territorio, la Asamblea Santa Cruz por el Agua, la Multisectorial Golfo San Matías, la Asamblea el Paraná No se Toca y la Asociación Alihuén. También cuenta con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.
Más de 102.000 personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas convocadas en el marco del proyecto de ley que pretende modificar la Ley de Glaciares. Sin embargo, menos de doscientas pudieron hacer uso de la palabra. Esta desproporción no solo resulta injustificada, sino que distorsiona gravemente el sentido de una participación social amplia, inclusiva y efectiva, especialmente en un debate que involucra la protección de ecosistemas estratégicos presentes en 12 provincias, 36 cuencas hídricas y fundamentales para el abastecimiento de agua de manera directa de más de 7 millones de personas en Argentina.
El cronograma de apenas dos días fue definido por las autoridades de las Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin contemplar la magnitud de la convocatoria ni la relevancia del tema en discusión. Pese a la participación masiva, no existió voluntad de ampliar los plazos ni de brindar explicaciones sobre la urgencia en el tratamiento de un proyecto que podría comprometer seriamente la seguridad hídrica del país.
Aunque el reglamento de la audiencia establecía que el proceso debía regirse por los principios de publicidad, transparencia, oralidad, informalismo y participación, estos fueron en los hechos desvirtuados. Se introdujeron modalidades no previstas originalmente —como la presentación de videos o documentos escritos— y se aplicaron criterios discrecionales para habilitar intervenciones orales, restringiendo de manera significativa el alcance del proceso participativo y afectando las legítimas expectativas de quienes se inscribieron conforme a las reglas iniciales.
Las irregularidades fueron múltiples. Se redujo arbitrariamente el tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos; se permitió la intervención de personas no incluidas en el listado oficial; y, al mismo tiempo, se impidió hablar a participantes que sí estaban inscriptos y que incluso habían viajado largas distancias para ejercer su derecho. A ello se sumaron interrupciones reiteradas por parte de legisladores, que obstaculizaron el desarrollo adecuado de las exposiciones.
En estas condiciones, la que podría haber sido una de las audiencias públicas más relevantes en materia ambiental del mundo se convirtió en una farsa, en una audiencia fraudulenta en que la mayoría no pudo expresarse ni ser escuchada.
La participación ciudadana no debe ser concebida como un obstáculo, sino como un componente esencial del proceso democrático y cuya finalidad es dar mayor legitimidad a las decisiones públicas, especialmente cuando se trata de iniciativas con potencial impacto ambiental y social.
No obstante, estas limitaciones, la masiva inscripción da cuenta del profundo interés social en la protección del agua y de los glaciares. Miles de personas de todo el país buscaron involucrarse activamente, logrando instalar el tema en la agenda pública y evidenciando la relevancia que amplios sectores de la sociedad asignan a estos bienes comunes.
La audiencia pública es una herramienta fundamental en los procesos de toma de decisión. Lo ocurrido los días 25 y 26 de marzo no cumplió con esos estándares y mucho menos con los principios de participación abierta, inclusiva, no discriminatoria, informada y transparente que prevé el Acuerdo de Escazú.
Frente a esta situación, las organizaciones y personas aquí firmantes solicitamos a la Cámara de Diputados de la Nación:
Sin participación plena y efectiva no hay libertad de expresión. Y sin libertad de expresión, la democracia se vacía de contenido.