El 24 de junio se realizó la Primera Asamblea de la ITP, donde se definió la estructura del Comité Directivo y se eligió a sus cuatro integrantes.

El pasado 24 de junio se llevó a cabo la Primera Asamblea de la Iniciativa Turberas Patagónicas (ITP), un espacio binacional que reúne a organizaciones, instituciones académicas y gubernamentales de Argentina y Chile comprometidas con la conservación de las turberas patagónicas. Mane’kenk participó activamente del encuentro, que fue una instancia clave para consolidar la gobernanza de la Iniciativa y definir su rumbo institucional.

Una nueva estructura de gobernanza

Tras revisar las alternativas propuestas, la Asamblea acordó simplificar la estructura del Comité Directivo, que quedará conformado por cuatro personas: dos representantes de los grupos de trabajo por ámbito de acción y dos coordinadores/as país. Para esto, los cuatro grupos originales se reorganizaron en dos:

• Grupo 1: Contribución a las políticas públicas + Generación de conocimiento

• Grupo 2: Educación y sensibilización + Gestión en el territorio

Comité Directivo electo

Tras el proceso de nominación y votación, el nuevo Comité Directivo de la ITP quedó integrado por:

• Bárbara Saavedra — coordinadora del Grupo 1

• Rita Lofiego — coordinadora del Grupo 2

• Hema’ny Molina — coordinadora Chile

• Adriana Urciuolo — coordinadora Argentina

Nos enorgullece destacar que, a través de Rita Lofiego, Mane’kenk integra el Comité Directivo como coordinadores del Grupo 2 (Educación y sensibilización + Gestión en el territorio).

Próximos pasos

La primera tarea del Comité será elaborar, a partir de los talleres realizados hasta el momento, un borrador de Hoja de Ruta o Plan de Acción para la Iniciativa, que defina las prioridades inmediatas y una estrategia de financiamiento. También se establecerá próximamente la periodicidad de sus reuniones.

Desde Mane’kenk celebramos este avance institucional de la ITP y seguimos comprometidos con el trabajo binacional por la conservación de las turberas patagónicas.

La asociación civil presentará este viernes un reclamo administrativo en el Consejo Provincial de Medio Ambiente. Denuncia que el decreto reglamentario de la Ley 1601 es conceptual, técnica y normativamente incorrecto, y que se están haciendo promesas a empresas inversoras que podrían no tener sustento legal ni ambiental.

Desde Asociación Civil Mane’kenk alertamos que los anuncios de inversión en salmonicultura que circulan en la provincia no tienen, por el momento, ningún asidero administrativo real. Se trata de cartas de intención y promesas que el gobierno provincial está realizando sin haber completado —ni siquiera iniciado— el proceso de evaluación ambiental estratégica (EAE) que la propia Ley 1601 exige como condición previa a cualquier autorización de emprendimiento.

El subsecretario de Pesca, Marzioni, sostuvo durante toda la defensa de esa ley que no se autorizaría ningún proyecto sin antes realizar la EAE. Sin embargo, lo que el gobierno está haciendo en este momento es exactamente lo contrario: recibir empresas, generar expectativas de inversión y firmar convenios, mientras ese proceso participativo obligatorio no existe.

Un decreto reglamentario con errores graves

Este viernes, en el marco de la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente —que no se convocaba desde hacía casi dos meses— Mane’kenk presentará formalmente un reclamo sobre el decreto reglamentario de la Ley 1601. El instrumento está plagado de errores conceptuales, técnicos y normativos: el mecanismo que crea se asemeja a una Evaluación Ambiental Sectorial mal denominada como EAE, excluye los procesos de participación pública y desconoce las obligaciones que Argentina asumió al ratificar el Acuerdo de Escazú.

Al mismo tiempo, el decreto no otorga ninguna seguridad jurídica ni normativa a las empresas interesadas: si la EAE, cuando finalmente se realice, no arroja los resultados que el gobierno anticipa, todo lo prometido podría no poder concretarse.

Río Chico y energía: dos límites que nadie menciona

Entre los anuncios más recientes figura el de la empresa Sulko Romero, que habló de una inversión de 12,5 millones de dólares para producir salmones en tierra en Río Grande, con extracción de agua del río Chico. El problema es que ese río ya fue «prometido» a múltiples emprendimientos simultáneos: el puerto, empresas de lavado de áridos y ahora la salmonicultura. El río Chico no tiene caudal para todas esas producciones. Las evaluaciones ambientales segmentadas —que analizan cada actividad por separado— no dan cuenta de ese impacto acumulado.

A eso se suma la pregunta sobre el origen de la energía que demandaría una industria de esa escala, en una provincia donde la población no tiene garantizado el suministro energético domiciliario y reclama por el recorte de subsidios al gas.

Respuestas a pedidos de información ambiguos y sin respaldo 

Los pedidos de informe dirigidos a la Secretaría de Pesca son respondidos con demoras y respuestas acotadas, mencionando títulos y sin documentación respaldatoria que sustente lo que informan.

El conflicto sigue activo

Desde Mane’kenk y el colectivo No a las Salmoneras continuamos planificando actividades para el segundo semestre, informando a la ciudadanía y monitoreando cada movimiento administrativo. Alertamos a la población para que no se quede esperando ofertas de empleo que no van a llegar: estas son promesas sin sustento que no están prosperando. Seguiremos presentando pedidos de información, recurriendo cualquier intento de introducción de especies exóticas no permitidas y exigiendo que el proceso de evaluación ambiental estratégica se realice con participación pública real, antes de que se autorice cualquier emprendimiento.

Declaración de la Asociación Civil Mane’kenk sobre el proyecto de «Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses»

La Asociación Civil Mane’kenk, organización ambiental fundada en Ushuaia, Tierra del Fuego, en el año 2005, expresa su profunda preocupación ante el proyecto de «Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses» enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación el 22 de mayo de 2026.

Quiénes somos y qué hacemos

Mane’kenk trabaja desde hace más de veinte años en la defensa de los ecosistemas subantárticos, la educación ambiental y la promoción de políticas públicas para la protección de los bosques nativos, las turberas, el canal Beagle, la Reserva Costa Atlántica y la Península Mitre. Participamos en espacios consultivos del Estado provincial —el Consejo Provincial de Medio Ambiente, la Comisión Consultiva de Bosque Nativo y la Comisión Consultiva de Participación para la Gestión del Área Natural Protegida Península Mitre— y hemos impulsado legislación ambiental, ejercido el derecho de acceso a la información pública y recurrido a la justicia cuando los mecanismos institucionales se agotaron sin respuesta.

Todo esto es lo que el proyecto de ley en cuestión podría convertir en actividad sospechosa, sujeta a registro previo, fiscalización permanente y sanciones penales.

Los problemas centrales del proyecto

Compartimos y hacemos propios los fundamentos desarrollados en el documento «Participación Vigilada», suscripto por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil argentina, y los detallamos a continuación desde nuestra perspectiva:

Una definición que criminaliza la participación ciudadana

La definición de «gestión de intereses» incluida en el proyecto es extraordinariamente amplia: abarca toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia que tenga por finalidad influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de una decisión pública. Esta definición no contempla ningún umbral basado en la frecuencia de los contactos, los recursos de la organización o la naturaleza del interés representado. Tampoco requiere contacto directo con funcionarios o legisladores, por lo que alcanza incluso acciones de monitoreo de políticas públicas y control del gasto estatal.

Lo que hasta ahora constituía actividad legítima de incidencia pública puede quedar narrado jurídicamente como actividad sospechosa o potencialmente clandestina. La excepción prevista para la participación en mecanismos de consulta institucionalizada tiene un límite preciso que la desnaturaliza: si una organización participa en una audiencia pública y además mantiene una reunión bilateral con el legislador ponente sobre el mismo asunto, ese segundo contacto queda dentro del régimen y debe ser registrado.

La equiparación entre lobby corporativo e interés público

El proyecto no establece ningún tratamiento diferenciado para organizaciones de derechos humanos, ambientales, académicas, sindicales o comunitarias. Somete a todos —empresas y organizaciones sin fines de lucro— a los mismos mecanismos de control, registro y sanción, sin considerar el tipo de interés representado ni el poder que detentan los distintos actores. Esto profundiza estructuralmente la desigualdad en el acceso a los decisores públicos: las grandes corporaciones pueden absorber cualquier carga burocrática; las organizaciones pequeñas, no. Los efectos de leyes como estas hacen cada vez más costosa la participación para quienes tienen menos capacidad institucional y algo totalmente factible para los actores más poderosos.

Una ley de agente extranjero encubierta

El proyecto define como «principal extranjero» a todo Estado, gobierno, partido político, empresa o persona jurídica constituida en el exterior, o persona humana no residente, por cuya cuenta, financiamiento o beneficio principal se realice una gestión de intereses. La definición es tan amplia que incluye a organizaciones internacionales de derechos humanos, fundaciones filantrópicas y agencias de cooperación, sin distinción respecto de los actores de influencia estatal extranjera que constituyen el objeto legítimo de esta regulación. Más aún: al identificar como «principal extranjero» a entidades cuyo beneficio principal derive de la gestión, la autoridad no necesita probar contacto, coordinación ni conocimiento entre las partes. Una organización cuya posición coincida con la de un organismo internacional podría ser clasificada como «gestora de interés extranjero» sin haber tenido jamás relación con ese extranjero.

Este modelo comparte elementos con regulaciones de influencia extranjera existentes en países como Rusia, Hungría, Nicaragua o Venezuela, que bajo la pretensión de promover la transparencia terminaron siendo utilizadas para neutralizar, controlar y sancionar a grupos de derechos humanos, organizaciones ambientales y medios de comunicación independientes. La Corte Europea de Derechos Humanos condenó la ley rusa precisamente porque generaba un entorno hostil para las organizaciones financiadas internacionalmente, connotando una suerte de acusación de espionaje o injerencismo por el solo hecho del financiamiento.

Restricciones desproporcionadas e inviables para organizaciones pequeñas

El proyecto establece que ninguna gestión de intereses podrá realizarse sin inscripción previa en un Registro Público de Gestores de Intereses, y obliga a presentar reportes trimestrales detallando con quiénes se reunieron, qué temas abordaron y si existieron intereses extranjeros involucrados. Otorga además al Estado discrecionalidad para aprobar, rechazar o demorar las solicitudes de inscripción. Para organizaciones grandes esto representa una carga administrativa significativa; para organizaciones pequeñas o con pocos recursos, puede dificultar gravemente su funcionamiento. La Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado expresamente la creación de requisitos legales que representan una carga financiera y organizativa significativa y excesiva para las organizaciones y su personal, limitando su capacidad de ocuparse de sus actividades principales.

Una autoridad de aplicación sin independencia

La supervisión queda en manos de un organismo que depende del propio Poder Ejecutivo Nacional, el mismo poder que se pretende controlar. Sus amplias facultades discrecionales —dictar normas aclaratorias, requerir información, fiscalizar actividades, instruir procedimientos sancionatorios— abren la puerta a una implementación selectiva y arbitraria contra actores críticos. Bajo este régimen, las organizaciones cuya función es controlar al poder quedarían sometidas a mayores niveles de monitoreo por parte de ese mismo poder, afectando su independencia y capacidad de acción.

Sanciones penales desproporcionadas e ilegítimas

El proyecto crea cuatro nuevas figuras penales aplicables exclusivamente a los gestores de intereses: gestión clandestina de intereses, falsedad u ocultamiento agravado, representación clandestina de intereses extranjeros y obstrucción dolosa de la fiscalización. Las penas alcanzan hasta tres años de prisión. En contraste, los funcionarios y legisladores que incumplan el régimen solo reciben una falta grave o causal de mal desempeño. Las multas máximas previstas equivalen a montos que podrían llevar al cierre de cualquier organización de pequeño o mediano tamaño, mientras que para las grandes corporaciones representarían un costo menor e irrelevante. Esta asimetría revela con claridad a quiénes protege y a quiénes disciplina realmente esta ley.

Por qué nos preocupa especialmente desde el fin del mundo

Tierra del Fuego es una provincia pequeña, con instituciones de la sociedad civil de escala reducida y recursos limitados. Las organizaciones que aquí trabajamos no contamos con equipos jurídicos ni administrativos capaces de absorber las obligaciones que este proyecto impone. A esto se suma que buena parte de nuestro trabajo se financia con cooperación internacional. Bajo la definición del proyecto, eso nos convertiría automáticamente en gestoras de «intereses extranjeros», con obligaciones agravadas y la exposición a narrativas que nos presentarían como representantes de intereses ajenos al país. Defendemos los ecosistemas de Tierra del Fuego porque son nuestros, porque vivimos aquí y porque creemos que su protección es una responsabilidad que nos corresponde como comunidad. Ningún financiamiento externo cambia eso.

Lo que está en juego

Durante más de dos décadas hemos contribuido a que la provincia de Tierra del Fuego cuente hoy con una ley que prohíbe la salmonicultura en aguas abiertas, con el Área Natural Protegida Península Mitre y con mecanismos de participación ciudadana en la gestión ambiental. Ninguno de esos logros hubiera sido posible sin la capacidad de incidir libremente en las decisiones públicas: sin reunirnos con legisladores, sin presentar informes técnicos, sin movilizar a la comunidad, sin recurrir a la justicia.

Eso no es lobby. Es el ejercicio de derechos constitucionales fundamentales. Es la democracia funcionando.

Un proyecto de ley que somete esa práctica a los mismos controles que la representación de intereses corporativos no transparenta nada: disciplina a quienes controlamos al poder y libera de toda presión equivalente a quienes tienen los recursos para cumplir cualquier obligación burocrática sin ver afectada su capacidad de acción.

Nuestro llamado

Instamos al Congreso de la Nación a rechazar este proyecto en su forma actual. Si existe genuina voluntad de regular la influencia de intereses corporativos en las decisiones públicas, esa regulación debe distinguir con claridad entre el lobby con fines de lucro y la defensa del interés público. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por los bienes comunes, el ambiente y los derechos ciudadanos no somos parte del problema que esta ley dice querer resolver. Somos parte de la solución democrática.

Intervención de Andrés Nápoli en la Camara de Diputados de la Nación

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MANE’KENK ALERTA: AVANZAN PROYECTOS SALMONEROS QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE LA LEY MIENTRAS EL ESTADO NO RESPONDE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN

Presentamos un pedido de información sobre los proyectos de cría de salmónidos en mayo y no hemos obtenido respuesta.

Mientras tanto, se anuncian emprendimientos millonarios que plantean usar el agua del río Chico sin que exista ningún proceso de evaluación ambiental conocido.

La Asociación Civil Mane’kenk expresa su preocupación por el avance de proyectos de salmonicultura en el norte de la provincia de Tierra del Fuego, que se anuncian públicamente sin que la ciudadanía ni las organizaciones ambientales tengan acceso a los expedientes ni a las evaluaciones de impacto correspondientes.

En los últimos días trascendió a través de medios locales que un empresario fueguino, en sociedad con inversores salteños y una empresa chilena con experiencia en salmonicultura, impulsa un complejo productivo de salmón a escala industrial en Estancia Las Violetas, al norte de Río Grande. El proyecto, con una inversión declarada de $12.580 millones de pesos, contempla producción de alevines, crianza, procesamiento, frigorífico y empaque. Según sus promotores, la iniciativa ya habría recibido aprobación legislativa y se encontraría en etapa de desarrollo con inversores definidos.

El punto que preocupa a Mane’kenk

El proyecto anunciado plantea extraer agua dulce del río Chico para salinizarla artificialmente en lugar de usar agua de mar. Si bien se lo presenta como un sistema en tierra, la extracción de agua de un curso fluvial de la magnitud del río Chico implica impactos directos sobre el ecosistema hídrico que requieren una evaluación ambiental rigurosa, independiente y transparente. No existe ninguna información pública sobre cómo se contempla ese impacto ni qué autoridad ambiental lo evaluará.

Ante este escenario, la organización recuerda que el 6 de mayo de 2026 presentó ante el Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Nota N° 3/2026, un pedido formal de información bajo el amparo de la Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental y la Ley Provincial 653. En esa nota se solicitó copia de todos los proyectos de producción de salmónidos presentados ante la Secretaría de Pesca y Acuicultura en el marco de la Ley N° 1601/2025. A la fecha, ese pedido no ha sido respondido, pese a haber transcurrido el plazo de treinta días hábiles previsto por ley.

«Necesitamos saber qué proyectos existen, quiénes los presentaron, en qué condiciones y qué evaluación ambiental les corresponde. No es un capricho: es un derecho. La ley obliga al Estado a responder, y el silencio administrativo no puede ser la respuesta cuando hay proyectos de esta escala en marcha», señaló Nancy Fernández, presidenta de la organización.

Contexto normativo

En diciembre de 2025, la Legislatura provincial modificó la Ley N° 1355 —que desde 2021 prohibía totalmente la salmonicultura en aguas provinciales— habilitando la actividad bajo un nuevo marco regulatorio que mantiene la prohibición únicamente en el Canal de Beagle, lagos y lagunas. La modificación fue aprobada por apenas 8 votos a favor contra 7 en contra y generó un intenso debate en la comunidad científica, las organizaciones ambientales y la propia sociedad fueguina. Mane’kenk fue parte activa de la campaña que en 2021 logró la prohibición original y sigue con atención el proceso de implementación de la nueva normativa.

La organización subraya que la experiencia de la industria salmonera en Chile —de la que precisamente proviene la empresa socia del proyecto anunciado— muestra con claridad los riesgos que implica esta actividad: contaminación de cuerpos de agua, proliferación de enfermedades, uso masivo de antibióticos, daño a la biodiversidad nativa y destrucción del fondo marino en los casos de sistemas en aguas abiertas. Que un modelo traslade esos riesgos a tierra firme no los elimina: los reconfigura. El uso del río Chico como fuente de agua para un criadero de escala industrial no es un detalle menor.

Mane’kenk anuncia que, ante la falta de respuesta al pedido de información, se encuentra evaluando las acciones legales correspondientes por mora en el marco de la Ley 25.831, al tiempo que exige que cualquier proyecto de estas características sea sometido a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental público, participativo e independiente antes de recibir cualquier tipo de habilitación.

Tierra del Fuego logró en 2021 prohibir las salmoneras por unanimidad. Esa decisión fue el resultado de años de trabajo colectivo, de la voz de la ciencia y de la voluntad popular. La modificación de esa ley en 2025 se aprobó por un solo voto de diferencia. Hoy, con proyectos millonarios avanzando en silencio y pedidos de información sin respuesta, el derecho a la información ambiental no es negociable.

Seis meses de demora y una respuesta que genera más preguntas que certezas sobre los pasivos ambientales petroleros en Tierra del Fuego

Tras una solicitud formal de acceso a la información presentada en diciembre de 2025, el Ministerio de Producción y Ambiente admite que no existe aún un plan de remediación, que desconoce quién financia la limpieza y que parte de la documentación técnica clave no está en su poder.

El 13 de diciembre de 2025, la Asociación Civil Mane’kenk presentó ante el Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego una solicitud formal de acceso a la información pública sobre los pasivos ambientales derivados de la actividad petrolera de YPF S.A. y su transferencia a Terra Ignis Energía S.A. Seis meses y un día después, el organismo emitió su respuesta. El documento oficial, firmado por la Secretaria Legal Abog. Lisi Cristofano, confirma la existencia de los pasivos, pero al mismo tiempo expone vacíos de información y de control que resultan difíciles de soslayar.

Pasivos documentados, remediación pendiente

El Ministerio reconoce la existencia de siete pasivos ambientales potenciales relevados en el Informe Técnico N.° 445/2024 de la Dirección General de Gestión Ambiental:

• Repositorio Cruz del Sur — Biopilas
• Repositorio CP-8 — Biopilas
• Sector de Almacenamiento de Chatarras Cruz del Sur y CP8
• Suelo tratado en Cantera Los Chorrillos
• Piletas con fondo de tanque en yacimiento Cruz del Sur y San Sebastián
• Estación de servicios Cruz del Sur
• Terminal marítima Cruz del Sur

A estos se suman nueve incidentes ambientales mayores registrados entre 2017 y 2024:

• Pozo La Sara 45 — marzo 2017
• Pozo extracción Cañadón Piedras 50 — noviembre 2017
• Tanque de control TK CP-47 — julio 2018
• Oleoducto CP-CDS — junio 2019
• Tanque TK-3 Los Chorrillos — julio 2019
• Batería Cañadón Piedras 4 — mayo 2023
• Batería Carmen Silva — julio 2023
• Troncal TK 2 Cruz del Sur — mayo 2024
• Sección Baños 2009 — agosto 2024

Sin embargo, ante la pregunta por los planes de remediación vigentes, el Ministerio reconoce que el cronograma que Terra Ignis Energía S.A. está obligada a presentar se encuentra aún en trámite. La cláusula VI del Acuerdo de Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas N.° 27065 establece expresamente esa obligación. A la fecha de la respuesta, no ha sido cumplida.

La autoridad ambiental que deriva sus propias preguntas

Uno de los aspectos más notorios del documento es la reiterada derivación de competencias a otros organismos por parte de la propia autoridad ambiental provincial.

Ante la consulta sobre responsabilidades legales, el Ministerio señala que no existen actos administrativos firmes que las determinen y que no corresponde efectuar imputaciones de manera anticipada. Ante la pregunta por los fondos, seguros y garantías exigidos a YPF para la remediación de pasivos, indica que esa información corresponde a la Secretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Energía. Ante los riesgos para la salud de poblaciones cercanas, deriva la consulta al área sanitaria.

El resultado es llamativo: la autoridad de aplicación ambiental de la provincia tiene mapeados los pasivos, pero no controla los recursos destinados a remediarlos ni puede señalar formalmente a los responsables.

Un consultor de renombre, fondos públicos y documentación inaccesible

El documento revela además que, en el marco del proceso de cesión de las concesiones de YPF a Terra Ignis Energía S.A., la empresa contó con el asesoramiento técnico ambiental del reconocido ambientalista y ex Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky. Esa consultoría fue financiada con recursos del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La documentación técnica producida en ese marco —que constituye un antecedente directo para evaluar el estado ambiental de los yacimientos transferidos— no se encuentra en poder del Ministerio de Producción y Ambiente, sino bajo la órbita del Ministerio de Energía, en su carácter de autoridad de aplicación en materia hidrocarburífera. Una consultoría sobre pasivos ambientales, financiada con fondos públicos, cuya información no está disponible para la autoridad ambiental ni para la ciudadanía.

Lo que sigue

La Asociación Mane’kenk continuará el seguimiento de este proceso. Como representante titular de las organizaciones no gubernamentales en el Consejo Provincial de Medio Ambiente, la organización exigirá que el cronograma de remediación sea presentado, auditado y de acceso público.

La provincia transfirió las concesiones petroleras. La empresa recibió los yacimientos. Los pasivos ambientales permanecen. La ciudadanía tiene derecho a saber quién los va a remediar, con qué recursos y en qué plazos.

«Hemos presentado varios pedidos de informes y no han sido respondidos.

Ya estamos preparando los amparos por mora.»

Ver actualización de la noticia a continuación

La Asociación Civil Mane’kenk, organización ambiental con más de 20 años de trabajo en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, expresó su preocupación por el progresivo debilitamiento de los espacios de participación ciudadana y consulta ambiental previstos en la normativa provincial.

En el marco del Día Mundial del Ambiente, Nancy Fernández, presidenta de la organización, señaló que los organismos consultivos en materia ambiental están funcionando «de manera bastante precaria, en términos de convocatoria y de modalidad participativa». En lo que va del año, el Consejo Provincial de Medio Ambiente —espacio de articulación entre municipios, la universidad, el CONICET y organizaciones de la sociedad civil— ha sesionado en una sola oportunidad.

Ante la falta de respuesta a los pedidos de informes presentados, Mane’kenk anuncia que se encuentra preparando acciones judiciales por mora. «No nos queda más que ir a la justicia, lo cual no está bueno», indicó Fernández, y subrayó: «Somos pocos, es una provincia pequeña, tenemos posibilidades de hacer las cosas de otra manera.»

Entre los casos de silencio administrativo, la organización menciona un pedido de informe sobre los pasivos ambientales derivados de la retirada de YPF, presentado hace más de seis meses y reiterado sin obtener respuesta.

En el mes de diciembre de 2025 realizamos el primer pedido de informe , el cual fue respondido por la Ministro Karina Fernandez el día 13 de enero solicitando prórroga para responderlo . 

Al no recibir respuesta en los plazos correspondientes, volvimos a insistir con el pedido de información pública en el mes de mayo de 2026.

A la fecha no hemos recibido respuesta de ninguno de los dos pedidos. 

Mane’kenk recuerda que Tierra del Fuego cuenta con una normativa ambiental y una Constitución provincial que promueven activamente la participación comunitaria —reflejadas en la Ley 55, la Ley de Pesca, la Ley de Bosques y el Consejo Consultivo de Península Mitre, entre otros instrumentos—, y exige que esos marcos sean respetados y activados por las autoridades competentes.

Si queres presentar tu propio pedido de información pública, podes encontrar el modelo en el siguiente link

La organización continuará dando seguimiento a estos procesos desde la sociedad civil, articulando con la universidad, el sistema científico y otras organizaciones ambientales del país.

Contacto de prensa Asociación Civil Mane’kenk info@manekenk.org.ar | WhatsApp: +54 9 2901 486056

Más detalles consultar a info@manekenk.org.ar