Seis meses de demora y una respuesta que genera más preguntas que certezas sobre los pasivos ambientales petroleros en Tierra del Fuego

Tras una solicitud formal de acceso a la información presentada en diciembre de 2025, el Ministerio de Producción y Ambiente admite que no existe aún un plan de remediación, que desconoce quién financia la limpieza y que parte de la documentación técnica clave no está en su poder.

El 13 de diciembre de 2025, la Asociación Civil Mane’kenk presentó ante el Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego una solicitud formal de acceso a la información pública sobre los pasivos ambientales derivados de la actividad petrolera de YPF S.A. y su transferencia a Terra Ignis Energía S.A. Seis meses y un día después, el organismo emitió su respuesta. El documento oficial, firmado por la Secretaria Legal Abog. Lisi Cristofano, confirma la existencia de los pasivos, pero al mismo tiempo expone vacíos de información y de control que resultan difíciles de soslayar.

Pasivos documentados, remediación pendiente

El Ministerio reconoce la existencia de siete pasivos ambientales potenciales relevados en el Informe Técnico N.° 445/2024 de la Dirección General de Gestión Ambiental:

• Repositorio Cruz del Sur — Biopilas
• Repositorio CP-8 — Biopilas
• Sector de Almacenamiento de Chatarras Cruz del Sur y CP8
• Suelo tratado en Cantera Los Chorrillos
• Piletas con fondo de tanque en yacimiento Cruz del Sur y San Sebastián
• Estación de servicios Cruz del Sur
• Terminal marítima Cruz del Sur

A estos se suman nueve incidentes ambientales mayores registrados entre 2017 y 2024:

• Pozo La Sara 45 — marzo 2017
• Pozo extracción Cañadón Piedras 50 — noviembre 2017
• Tanque de control TK CP-47 — julio 2018
• Oleoducto CP-CDS — junio 2019
• Tanque TK-3 Los Chorrillos — julio 2019
• Batería Cañadón Piedras 4 — mayo 2023
• Batería Carmen Silva — julio 2023
• Troncal TK 2 Cruz del Sur — mayo 2024
• Sección Baños 2009 — agosto 2024

Sin embargo, ante la pregunta por los planes de remediación vigentes, el Ministerio reconoce que el cronograma que Terra Ignis Energía S.A. está obligada a presentar se encuentra aún en trámite. La cláusula VI del Acuerdo de Prórroga de Concesiones Hidrocarburíferas N.° 27065 establece expresamente esa obligación. A la fecha de la respuesta, no ha sido cumplida.

La autoridad ambiental que deriva sus propias preguntas

Uno de los aspectos más notorios del documento es la reiterada derivación de competencias a otros organismos por parte de la propia autoridad ambiental provincial.

Ante la consulta sobre responsabilidades legales, el Ministerio señala que no existen actos administrativos firmes que las determinen y que no corresponde efectuar imputaciones de manera anticipada. Ante la pregunta por los fondos, seguros y garantías exigidos a YPF para la remediación de pasivos, indica que esa información corresponde a la Secretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Energía. Ante los riesgos para la salud de poblaciones cercanas, deriva la consulta al área sanitaria.

El resultado es llamativo: la autoridad de aplicación ambiental de la provincia tiene mapeados los pasivos, pero no controla los recursos destinados a remediarlos ni puede señalar formalmente a los responsables.

Un consultor de renombre, fondos públicos y documentación inaccesible

El documento revela además que, en el marco del proceso de cesión de las concesiones de YPF a Terra Ignis Energía S.A., la empresa contó con el asesoramiento técnico ambiental del reconocido ambientalista y ex Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky. Esa consultoría fue financiada con recursos del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La documentación técnica producida en ese marco —que constituye un antecedente directo para evaluar el estado ambiental de los yacimientos transferidos— no se encuentra en poder del Ministerio de Producción y Ambiente, sino bajo la órbita del Ministerio de Energía, en su carácter de autoridad de aplicación en materia hidrocarburífera. Una consultoría sobre pasivos ambientales, financiada con fondos públicos, cuya información no está disponible para la autoridad ambiental ni para la ciudadanía.

Lo que sigue

La Asociación Mane’kenk continuará el seguimiento de este proceso. Como representante titular de las organizaciones no gubernamentales en el Consejo Provincial de Medio Ambiente, la organización exigirá que el cronograma de remediación sea presentado, auditado y de acceso público.

La provincia transfirió las concesiones petroleras. La empresa recibió los yacimientos. Los pasivos ambientales permanecen. La ciudadanía tiene derecho a saber quién los va a remediar, con qué recursos y en qué plazos.