Más de 102.000 personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas convocadas en el marco del proyecto de ley que pretende modificar la Ley de Glaciares. Sin embargo, menos de doscientas pudieron hacer uso de la palabra. Esta desproporción no solo resulta injustificada, sino que distorsiona gravemente el sentido de una participación social amplia, inclusiva y efectiva, especialmente en un debate que involucra la protección de ecosistemas estratégicos presentes en 12 provincias, 36 cuencas hídricas y fundamentales para el abastecimiento de agua de manera directa de más de 7 millones de personas en Argentina.

El cronograma de apenas dos días fue definido por las autoridades de las Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin contemplar la magnitud de la convocatoria ni la relevancia del tema en discusión. Pese a la participación masiva, no existió voluntad de ampliar los plazos ni de brindar explicaciones sobre la urgencia en el tratamiento de un proyecto que podría comprometer seriamente la seguridad hídrica del país.

Aunque el reglamento de la audiencia establecía que el proceso debía regirse por los principios de publicidad, transparencia, oralidad, informalismo y participación, estos fueron en los hechos desvirtuados. Se introdujeron modalidades no previstas originalmente —como la presentación de videos o documentos escritos— y se aplicaron criterios discrecionales para habilitar intervenciones orales, restringiendo de manera significativa el alcance del proceso participativo y afectando las legítimas expectativas de quienes se inscribieron conforme a las reglas iniciales.

Las irregularidades fueron múltiples. Se redujo arbitrariamente el tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos; se permitió la intervención de personas no incluidas en el listado oficial; y, al mismo tiempo, se impidió hablar a participantes que sí estaban inscriptos y que incluso habían viajado largas distancias para ejercer su derecho. A ello se sumaron interrupciones reiteradas por parte de legisladores, que obstaculizaron el desarrollo adecuado de las exposiciones.

En estas condiciones, la que podría haber sido una de las audiencias públicas más relevantes en materia ambiental del mundo se convirtió en una farsa, en una audiencia fraudulenta en que la mayoría no pudo expresarse ni ser escuchada.

La participación ciudadana no debe ser concebida como un obstáculo, sino como un componente esencial del proceso democrático y cuya finalidad es dar mayor legitimidad a las decisiones públicas, especialmente cuando se trata de iniciativas con potencial impacto ambiental y social.

No obstante, estas limitaciones, la masiva inscripción da cuenta del profundo interés social en la protección del agua y de los glaciares. Miles de personas de todo el país buscaron involucrarse activamente, logrando instalar el tema en la agenda pública y evidenciando la relevancia que amplios sectores de la sociedad asignan a estos bienes comunes.

La audiencia pública es una herramienta fundamental en los procesos de toma de decisión. Lo ocurrido los días 25 y 26 de marzo no cumplió con esos estándares y mucho menos con los principios de participación abierta, inclusiva, no discriminatoria, informada y transparente que prevé el Acuerdo de Escazú.

Frente a esta situación, las organizaciones y personas aquí firmantes solicitamos a la Cámara de Diputados de la Nación:

• Se ordene la realización de una nueva audiencia pública que cumpla con los estándares y principios de participación previstos en el Acuerdo de Escazú.
• La ampliación del cronograma de participación, de modo tal que todas las personas inscriptas puedan ejercer efectivamente su derecho a ser oídas.
• El respeto irrestricto de las reglas previamente establecidas, evitando modificaciones discrecionales que afecten la igualdad de condiciones entre participantes.
• Se tenga debida consideración de las opiniones efectuadas por los participantes de la audiencia y sean incorporadas como parte de los fundamentos que acompañan la reforma de la Ley 26.639.

Sin participación plena y efectiva no hay libertad de expresión. Y sin libertad de expresión, la democracia se vacía de contenido.