Más de 102.000 personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas convocadas en el marco del proyecto de ley que pretende modificar la Ley de Glaciares. Sin embargo, menos de doscientas pudieron hacer uso de la palabra. Esta desproporción no solo resulta injustificada, sino que distorsiona gravemente el sentido de una participación social amplia, inclusiva y efectiva, especialmente en un debate que involucra la protección de ecosistemas estratégicos presentes en 12 provincias, 36 cuencas hídricas y fundamentales para el abastecimiento de agua de manera directa de más de 7 millones de personas en Argentina.

El cronograma de apenas dos días fue definido por las autoridades de las Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin contemplar la magnitud de la convocatoria ni la relevancia del tema en discusión. Pese a la participación masiva, no existió voluntad de ampliar los plazos ni de brindar explicaciones sobre la urgencia en el tratamiento de un proyecto que podría comprometer seriamente la seguridad hídrica del país.

Aunque el reglamento de la audiencia establecía que el proceso debía regirse por los principios de publicidad, transparencia, oralidad, informalismo y participación, estos fueron en los hechos desvirtuados. Se introdujeron modalidades no previstas originalmente —como la presentación de videos o documentos escritos— y se aplicaron criterios discrecionales para habilitar intervenciones orales, restringiendo de manera significativa el alcance del proceso participativo y afectando las legítimas expectativas de quienes se inscribieron conforme a las reglas iniciales.

Las irregularidades fueron múltiples. Se redujo arbitrariamente el tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos; se permitió la intervención de personas no incluidas en el listado oficial; y, al mismo tiempo, se impidió hablar a participantes que sí estaban inscriptos y que incluso habían viajado largas distancias para ejercer su derecho. A ello se sumaron interrupciones reiteradas por parte de legisladores, que obstaculizaron el desarrollo adecuado de las exposiciones.

En estas condiciones, la que podría haber sido una de las audiencias públicas más relevantes en materia ambiental del mundo se convirtió en una farsa, en una audiencia fraudulenta en que la mayoría no pudo expresarse ni ser escuchada. 

La participación ciudadana no debe ser concebida como un obstáculo, sino como un componente esencial del proceso democrático y cuya finalidad es dar mayor legitimidad a las decisiones públicas, especialmente cuando se trata de iniciativas con potencial impacto ambiental y social.

No obstante, estas limitaciones, la masiva inscripción da cuenta del profundo interés social en la protección del agua y de los glaciares. Miles de personas de todo el país buscaron involucrarse activamente, logrando instalar el tema en la agenda pública y evidenciando la relevancia que amplios sectores de la sociedad asignan a estos bienes comunes.

La audiencia pública es una herramienta fundamental en los procesos de toma de decisión. Lo ocurrido los días 25 y 26 de marzo no cumplió con esos estándares y mucho menos con los principios de participación abierta, inclusiva, no discriminatoria, informada y transparente que prevé el Acuerdo de Escazú. 

Frente a esta situación, las organizaciones y personas aquí firmantes solicitamos a la Cámara de Diputados de la Nación: 

• Se ordene la realización de una nueva audiencia pública que cumpla con los estándares y principios de participación previstos en el Acuerdo de Escazú.
• La ampliación del cronograma de participación, de modo tal que todas las personas inscriptas puedan ejercer efectivamente su derecho a ser oídas.
• El respeto irrestricto de las reglas previamente establecidas, evitando modificaciones discrecionales que afecten la igualdad de condiciones entre participantes.
• Se tenga debida consideración de las opiniones efectuadas por los participantes de la audiencia y sean incorporadas como parte de los fundamentos que acompañan la reforma de la Ley 26.639.

Sin participación plena y efectiva no hay libertad de expresión. Y sin libertad de expresión, la democracia se vacía de contenido.

 

Firman

Fundación Ambiente y Recursos Naturales

Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas / CAJE

Greenpeace Argentina

Círculo de Políticas Ambientales

Fundación Biodiversidad

Aves Argentinas

EcoHouse

Jóvenes por el Clima

Consciente Colectivo

Fundación Humedales / Wetlands International

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Banco de Bosques

Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH)

Asociación civil Amigos del Humedal Melincue 

Asociación civil Patria Compañera La Plata

Asociación Ambientalista del Partido de Escobar

Asociación Ambientalista Los Talares

Asociación Amigos de la Reserva Natural Educativa Ingeniero Maschwitz 

Asociación Amigos del Parque Nacional Los Glaciares

Asociación Civil para la Conservación y Estudio de la Naturaleza Argentina

(ACEN)

Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA)

Asociación Civil Antu Quillen

Asociación Civil Germinar Zona Norte

Asociación Civil Legado de Francisco 

Asociación Civil para Todos porque es de Todos

Asociación Civil Por Los Derechos Culturales / RGC Redes de gestión cultural

Asociación Civil Pro Eco Grupo Ecologista

Asociación Civil Pro Vicente López

Asociación Civil Razonar

Asociación Civil Rescatistas Unidos Zona Oeste 

asociacion Civil Salud Socio Ambiental Asociación Civil Tierra Unida Activa 

Asociación Civil Toba Qom Togaxarale 

Asociación Civil Comunidad de Artistas de Salta (CASA)

Asociación cordobesa de Slackline y Montañismo

Asociación Cultural Argentino Brasileña A Turma da Bahiana 

Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA)

Asociación de Docentes Universitarios 

Asociación de Guías de Montaña de El Chaltén 

Asociación de Mujeres sobrevivientes de las Dictafuras por la Memoria

Asociación El Agora (Radio Kermés) 

Asociación Guanacache 

Asociación Manekenk 

Asociación Patrimonio Natural, Clama, Emiproa, Mipac 

Asociación Sindical de Salud Pública de Rio Negro (ASSPUR)

Asociación Argentina de Facilitadores y Facilitadoras de Biodanza

Fundación Ambiente y Medio

Fundación Atreuco

Fundación Avina

Fundación Cambio Democrático

Fundación Cannabis Argentina

Fundación Ecológica Pinamar

Fundación Familia

Fundación Hábitat y Desarrollo 

Fundación Hölderlin 

Fundación Inalafquen 

Fundación Islote Benito

Fundación Micaela García «La Negra»

Fundación Natura Argentina

Fundación Onda Andina 

Fundación vertientes de Saldan 

Fundación Vientos del Sur Para el Desarrollo Humano Integral

Fundación Patagonia Natural

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – Noroeste del Chubut 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – Regional Ajó

AquaMarina

Arquitectura obrar

Arte por el Agua 

Artistas x la Tierra 

Asamblea Socio Ambiental de Campana (ASAC)

Asamblea Ambiental Cosquín 

Asamblea Autoconvocada de Palermo 

Asamblea Barrial de Beccar y Foro de salud y Medioambiente de San Isidro

Asamblea ciudadana en defensa del Bosque Vulpiani 

Asamblea de Barracas

Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Asamblea de Mujeres Mercedinas diversa y feminista 

Asamblea De Reserva de Biosfera Parque Pereyra Iraola Iraola  y  Nuevo

Ambiente 

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata 

Asamblea de Vecinos de Epuyen 

Asamblea de Vecinxs Zona norte La Plata

Asamblea del Balcón de Punilla

Asamblea Delta y Río de la Plata

Asamblea el Algarrobo 

Asamblea Jáchal No Se Toca 

Asamblea Lorca de Vicente López 

Asamblea No a la Mina en Las Tapias y en todo Traslasierra

Asamblea por el Agua – Tucumán 

Asamblea por el Agua de San Rafael

Asamblea por el Valle de Uspallata

Asamblea por los Derechos Humanos Neuquén 

Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos

Asamblea Socioambiental de La Plata Berisso y Ensenada

Asamblea Socioambiental de Punta del Indio

Asamblea Socioambiental del Delta

Asamblea Socioambiental El Trapiche

Asamblea Transfeminista Concepción del Uruguay

Asamblea Vecinal para la preservación de los bosques La Punta, San Luis

Asamblea Vecinal Valle Hermoso 

Asamblea Vecinos del Chavascate Sierras Chicas de Córdoba

Agencia de Cooperación para el Desarrollo (ACERCA – Gran Chaco)

Agendo Mujeres

Agrupacion feminista Tamboras del Viento 

Agrupación Intervecinal del Puerto de Olivos

Agrupación La Granja Pueblo Monte

Agrupación Vecinal Monte Nativo

Asociación de Guías de Turismo de Santa Cruz (AGUISAC)

Aguita Pura para San Juan 

Ambiente en Lucha

Activistas Animalistas de La Costa

Agrupación estudiantil independiente La Chispa

Abuela Naturaleza

Barrios Históricos Vivos

Biblioteca Popular Caminantes

Biblioteca Popular Mujer Pionera

Bosque Urbano – Universidad Nacional de San Martín

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria – Universidad Nacional de La Plata

Cooperativa Agua y Luz de Pinamar

Cámara de Turismo del Iberá

Carimbu Editora 

Cátedra Libre de Pueblos Originarios – Universidad Nacional de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria –  Rio Cuarto

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria – Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo

Centro Cultural Comunitario Tierra y Dignidad de Lomas de Zamora 

Centro de Estudios Comunitarios para la Identidad el Ambiente y el Patrimonio

Pachamama (CECIAPP)

Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidad y Ambiente

Centro de Protección a la Naturaleza (CEPRONAT) Centro Ecológico Salvemos la Tierra VPC

Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos 

Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS)

Circo Social del Sur

Círculo Soberanía Alimentaria – Universidad Nacional de San Martín

Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN)

Ciudad Futura

CLAMA – Cielos Limpios en América Monitor Ambiental (CLAMA)

Colectiva Ecofeminista Conchancharavas

Colectivo Agroecológico de Colonia Tirolesa (CoATI)

Colectivo Ecológico Unid@s por La Laguna de Rocha

Colectivo EcoSocial

Colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado 

Colectivo Reciclador

Colegio de Abogados de Rosario 

Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Traslasierra 

Comisión de Medio Ambiente de la Red de Mujeres para la Justicia

Red de Políticas Públicas

Instituto de Derecho Animal de la Asociación Argentina de Justicia

Constitucional

Comisión Ética contra la Tortura

Comité de Cuenca Popular del Paraná Santafesino 

Comunidad Mapuche Pillan Manke – Olavarria, provincia de Buenos Aires 

Comunidad aborigen Angosto – El Moreno de Jujuy 

Comunidad Indígena Amaicha del Valle

Comunidad Indigena Diaguita El Mollar

Comunidad Indio Colalao 

Comunidad mapuche Lof Kinxikew 

Comunidad mapuche tehuelche Callvu Shotel

Comunidad Mocoví Shiraigó 

Comunidad Quebracho 

Comunidad Verde

Comunidad Warpe del territorio del Kuyum 

Conciencia Ecológica

Conciencia Solidaria ONG

Conservación Patagónica Asociación Civil

Cooperadora Escolar Domingo Faustino Sarmiento 

Cooperativa de trabajo Biodiversa Cultural Limitada

Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 LTDA

Cooperativa de Trabajo Manos a la Tierra 

Cooperativa de Trabajo Nodo Vecinxs de Temperley

Cooperativa de Trabajo R3 ltda 

Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones 

Coordinadora Socioambiental del partido de Escobar

CTA de los y las trabajadores Mesa Departamental Colón 

Cuidadores de la Casa Comun

De Raiz 

Discas en Lucha

Ecomuna 

Ecosistemas Argentinos

Ecosistemas Argentinos Asociación Civil

El Árbol – Escuela de Ruralidad y Permacultura 

El Hormiguero – Marabunta Córdoba 

El Paraná No se Toca

Energía, Ambiente y Hábitat – EAH

Escobar Defiende su Río

Escuela de Color y Buen Vivir

Escuela de Surf Capitan David Argentin

Escuela del Mar

Espacio Cultural Utopías 

Espacio Intercuencas 

Facultad de Ciencias Marinas 

FAUNA Cultural y Ambiental

Federación Argentina de Espeleología

Feministas Sin Fronteras 

Feria de Lunas

FIBO Impacto 

Fiesta de Cultura y Tradición Argentina 

Flora Rioplatense 

Fm RadioActiva Comunitaria 

Foro Ambiental Brandsen

Foto por la Libertad la Democracia y los DDHH

Grupo de Estudio y Manejo de Ambiente y Fauna (GEMAF)

Generar Eco 

Germinar ONG

Grupo Par Villa Elisa

Grupo Scout Julio Verne

GICP UBA “Desplazamiento forzado por desastres en Luján (PBA): análisis de gobernanza multinivel (2015-2025)”

Hermanas de la Misericordia 

Instituto de Diversidad y Ecología Animal (IDEA – CONICET, UNC)

Fundación Igualdad

Instituto Castelli

Instituto de Conservación de Ballenas

Instituto de Salud Socioambiental (FCM-UNR)

Isla Verde 

Justicia Animal Antiespecista 

La Chapanay 

La Kombi Juegoteca Viajera 

La Ria Corriente

La Soderia casa de Teatro

Las Catas

Libera Tucuman 

Libertad Assange Argentina

Lof Mapuche Raquithue

Los Chaguares

MA – Asociación Civil Monomarentales Argentina

MACA Movimiento Animalista Córdoba Argentina

Maestria Educación Ambiental para la Sustentabilidad, Universidad Nacional

Arturo Jauretche

Maestría Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad FAU/ UNLP

Manifiesto argentino 

Matriz cooperativa

Mercuria Cultural

Mesa Ambiental Quinta de Funes, Colectivo Naturalistas de Funes

Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional Organismos de DD HH Jujuy 

Mesa de trabajo por los DDHH de Colonia Caroya Jesús María Sinsacate

Movida Ambiental Vicente López

Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir 

Movimiento No Matarás

Movimiento por un sistema Integral de Salud (MOSIS)

Movimiento Verde Misionero 

Movimiento Socialista de los Trabajadores FIT Unidad 

Multisectorial Comarca Marítima 

Multisectorial Golfo San Matías

Multiversidad Popular 

Mundo Ro

Municipalidad de Carlos Pellegrini 

Murga Descarrila2

Museo del Hambre

Mutual Red Yafütun

Nativas Colonia Caroya

No a la Mina Esquel 

Nuevo Ambiente

Observatorio Ciudadano Reserva Paseo Costanero Sur

Observatorio de los Derechos a la Ciudad 

Observatorio de Sismicidad Inducida 

Observatorio Petrolero Sur

Opinión Socialista

Orgánicos de mi tierra 

Organización Kume Rakizuam Compuche Organización para el Desarrollo Sustentable  P.An.D.A.

PACHAS – Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir

Pastoral Social Diócesis de San Martín 

Pastoral Social Diocesis de Viedma

Patria Compañera Asociación Civil

Poder Popular Argentina

Pre-Venir ONG

Preservando Hudson

PROCLADE Argentina 

Programa de Ambiente Sociedades y Territorios de la Facultad de Filosofía y

Humanidades de la UNC

Protegiendo Nuestros Árboles Rosario 

Proyecto Animal Zárate

Proyecto Quimilero

Pueblo Atacama

Pumakawa 

R.U.Z.O

Radicales por el Ambiente 

Radio comunitaria Zumba la Turba

Red Argentina de Juventudes

Red Argentina de Reservas Naturales Privadas

Red Argentina del Paisaje

Red de Cátedras libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines

(CALISAS)

Red Ecosocialista 

Red federal MyES (Mutuales y Economía Solidaria)

Red Internacional de Promotores ODS – Córdoba 

Red Jarilla de Plantas Saludables de la Patagonia

Red Nacional de Docentes por los Humedales 

Red por el Derecho a la Identidad – Nodo Fiske Menuco

Redverdeser 

Reserva Mundial de Biósfera Pereyra Iraola

Río Feminista

Ronda de los Martes Por La Vida Sin Agrotóxicos Concepción del Uruguay la

Coordinadora Basta es Basta

Ronda de Mujeres Roldanenses

Ruta Verde 

SOS Hábitat

Semillas en la Ciudad 

Servicio en Promoción Humana (SERVIPROH)

Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos 

Somos Monte Chaco 

SOS Humedales Escobar 

STS Rosario

Surfrider Argentina 

Taller de Comunicación Ambiental (Rosario)

TeleSISA medio de comunicación 

Territoriando

Tierra para Vivir/ Marabunta 

Universidad Nacional de Avellaneda

Universidad Nacional de Hurlingham

Universidad Nacional de Avellaneda

Unidad de Vinculación Ecologista

Unidad Socialista Tierra del Fuego 

Unidos por la Vida y el Medio Ambiente

Vecinos en Defensa de Los Cardales y Rio Lujan (Vecinos del Humedal)

Vecinos por Humedales del Río Uruguay 

Vecinos por la Ecología 

Vecinos por un Brandsen Ecológico

Vecinxs Autoconvocadxs Dique Chico

Veteranos de Guerra de Malvinas, General Pico, La Pampa

Vicuñas, Camélidos y Ambiente (VICAM)

Viento Sur Córdoba 

Vital Asistencia Cooperativa de trabajo Ltda

Werken Kurruf 

Zona de Rescate Colonia Chapadmalal

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales resultados de la actualización del Inventario Provincial de Glaciares (2021–2023)

El presente informe sintetiza los resultados más relevantes de la Actualización del Inventario de Glaciares de Tierra del Fuego (2021–2023) con el objetivo de aportar evidencia científica para la discusión legislativa sobre la protección de los ambientes glaciares.

El documento se basa en el relevamiento realizado por la Dirección General de Recursos Hídricos de la provincia mediante análisis de imágenes satelitales y siguiendo los criterios metodológicos del Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA-CONICET).

El inventario actualizado identifica:

• 320 polígonos glaciares mayores a 0,01 km²
• que corresponden a 300 geoformas glaciares compuestas

Estas geoformas incluyen:

• glaciares descubiertos
• glaciares de escombro
• glaciaretes y manchones de nieve permanentes

En conjunto, la superficie glaciar inventariada alcanza 15,12 km² en el sector argentino de la cordillera fueguina.

Además, existen geoformas menores cuya clasificación es incierta por limitaciones técnicas del análisis satelital, que podrían sumar aproximadamente 0,71 km² adicionales.

Estos datos confirman que Tierra del Fuego posee un sistema glaciar significativo y territorialmente relevante, particularmente en las cuencas que drenan hacia el Canal Beagle y el Lago Fagnano.

El resultado más contundente del estudio es la reducción sustancial de la superficie de hielo en la última década.

El análisis comparativo con inventarios anteriores indica que:

• la superficie de hielo descubierto se redujo aproximadamente un 40% entre 2013 y 2023.

Este nivel de pérdida constituye una señal clara de aceleración del retroceso glaciar en la provincia.

El inventario evidencia que la pérdida no se limita a la reducción de superficie.

También se registra:

• desaparición de numerosos glaciaretes y neveros permanentes
• principalmente aquellos ubicados a menor altitud

Esto implica que el sistema glaciar está perdiendo sus componentes más vulnerables, lo que reduce la resiliencia del sistema frente al calentamiento climático.

Incluso los glaciares más importantes de la provincia muestran retrocesos significativos.

Los análisis indican que los glaciares de mayor extensión registraron:

• pérdidas de superficie entre el 20% y el 30%

Entre los casos documentados se destacan:

• el glaciar Vinciguerra
• el glaciar Ojo del Albino
• glaciares del cordón Alvear

Las observaciones muestran:

• retroceso del frente glaciar
• pérdida de espesor del hielo
• expansión de lagunas proglaciares
• aparición de roca expuesta

Estos procesos reflejan pérdida sostenida de masa glaciar.

El informe señala que durante el período 2016–2023 se registraron anomalías térmicas positivas respecto de años anteriores.

Este aumento de temperaturas coincide con:

• menor acumulación de nieve
• balances de masa negativos en glaciares monitoreados
• aceleración del retroceso glaciar

Estos resultados son consistentes con los impactos regionales del cambio climático en ambientes de montaña.

Glaciar Ojo del Albino 2020

Glaciar Ojo del Albino 2013

Importancia estratégica de los glaciares para Tierra del Fuego

Los glaciares cumplen funciones ambientales y socioeconómicas críticas para la provincia.

Reserva estratégica de agua dulce

Los glaciares actúan como reguladores naturales del ciclo hidrológico:

• almacenan agua en forma de hielo
• liberan agua durante períodos cálidos o secos
• contribuyen a la estabilidad de los caudales de las cuencas

Por este motivo, la legislación nacional los reconoce como reservas estratégicas de agua.

Regulación climática

Los ambientes glaciares y periglaciares contribuyen a:

• moderar las temperaturas locales
• regular el balance energético del territorio
• mantener ecosistemas de alta montaña

Su degradación puede amplificar efectos regionales del calentamiento.

Importancia económica y turística

Los glaciares y paisajes asociados constituyen uno de los principales atractivos naturales de Tierra del Fuego.

En particular:

• el glaciar Vinciguerra
• el glaciar Ojo del Albino
• el sistema glaciar del cordón Alvear

forman parte del patrimonio natural que sostiene actividades turísticas vinculadas al senderismo de montaña, el turismo científico y la contemplación paisajística.

Implicancias para la política pública

Los resultados del inventario muestran que el sistema glaciar fueguino se encuentra en un proceso activo de retroceso y transformación.

Los datos disponibles indican que:

• la pérdida de hielo es rápida y significativa
• el sistema glaciar es altamente vulnerable al calentamiento climático
• numerosos glaciares pequeños ya han desaparecido

En este contexto, los glaciares adquieren una relevancia estratégica para:

• la seguridad hídrica
• la adaptación al cambio climático
• la conservación del patrimonio natural
• el desarrollo turístico sostenible

La actualización del Inventario Provincial de Glaciares aporta evidencia científica clara sobre el estado actual de los glaciares de Tierra del Fuego.

Los resultados muestran que:

• existen 300 glaciares identificados en la provincia
• la superficie de hielo descubierto se redujo aproximadamente un 40% en una década
• el sistema glaciar experimenta retroceso generalizado
• las condiciones climáticas recientes favorecen la aceleración de estos procesos

En este escenario, la información científica disponible subraya la importancia de fortalecer las políticas de protección y monitoreo de los ambientes glaciares como parte de las estrategias de gestión del agua y adaptación al cambio climático.

Síntesis

Nº	Dato clave	Implicancia política
1	En Tierra del Fuego existen 300 glaciares identificados oficialmente	No se trata de casos aislados: es un sistema glaciar completo que requiere protección.
2	El inventario registró 320 polígonos glaciares mayores a 0,01 km²	La provincia posee una diversidad de geoformas glaciares de gran relevancia ambiental.
3	La superficie glaciar inventariada alcanza 15,12 km²	Constituye un reservorio significativo de agua dulce en la cordillera fueguina.
4	Entre 2013 y 2023 se perdió aproximadamente el 40% del hielo descubierto	Evidencia clara de retroceso glaciar acelerado en la última década.
5	Muchos glaciares pequeños y neveros permanentes ya desaparecieron	El sistema glaciar está perdiendo sus componentes más vulnerables.
6	Los glaciares grandes perdieron entre el 20% y el 30% de su superficie	Incluso los cuerpos de hielo más importantes están retrocediendo.
7	Algunos glaciares muestran retroceso del frente, adelgazamiento y fragmentación	La pérdida no es solo de superficie, también de volumen y estabilidad.
8	Se registraron anomalías térmicas positivas entre 2016 y 2023	El retroceso glaciar está asociado al aumento de temperaturas regionales.
9	Los glaciares cumplen funciones de regulación del agua dulce de las cuencas	Son reservas estratégicas de agua para el presente y el futuro.
10	Los paisajes glaciares constituyen uno de los principales atractivos turísticos de la provincia	Su conservación también tiene implicancias económicas y culturales.

Contribuciones ambientales y sociales de los glaciares

Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce

Los glaciares almacenan agua en forma de hielo y la liberan gradualmente durante los períodos cálidos o secos, funcionando como reguladores naturales del ciclo hidrológico.

En regiones de montaña, esta función es clave para sostener caudales de ríos y abastecer cuencas aguas abajo.

En Tierra del Fuego, el inventario provincial identifica 300 glaciares que ocupan más de 15 km² de superficie glaciar, constituyendo un reservorio significativo de agua dulce para la provincia.

El retroceso glaciar ya está ocurriendo y está documentado científicamente

Los datos del inventario muestran que la superficie de hielo descubierto en Tierra del Fuego se redujo aproximadamente un 40% entre 2013 y 2023.

Además:

• numerosos glaciares pequeños desaparecieron
• los glaciares mayores perdieron entre 20% y 30% de su superficie

Esto demuestra que el sistema glaciar fueguino ya está en retroceso acelerado, fenómeno coherente con el aumento de temperaturas registrado en los últimos años.

La degradación glaciar afecta simultáneamente agua, clima y economía

Los glaciares cumplen tres funciones críticas para los territorios de montaña:

• regulan el ciclo del agua
• contribuyen a la estabilidad climática regional
• sostienen economías locales vinculadas al turismo de naturaleza

En Tierra del Fuego, glaciares como Vinciguerra, Ojo del Albino y los del cordón Alvear forman parte del patrimonio natural que atrae visitantes y sostiene actividades turísticas.

La pérdida de glaciares implica:

• menor regulación hídrica
• mayor vulnerabilidad climática
• degradación de paisajes naturales estratégicos

Como desmontar argumentos de las mineras

 

Trampa argumental	Qué busca instalar	Cómo desmontarla (respuesta técnica y política)
“La Ley de Glaciares frena el desarrollo económico.”	Presentar la protección ambiental como un obstáculo al progreso.	La ley no prohíbe la minería en todo el territorio, solo establece restricciones en ambientes glaciares y periglaciares, que son reservas estratégicas de agua. El desarrollo económico no puede basarse en comprometer recursos hídricos críticos.
“Los glaciares que se protegen son pequeños o irrelevantes.”	Minimizar la importancia de los cuerpos de hielo para justificar flexibilización normativa.	Los glaciares pequeños y el ambiente periglacial cumplen funciones clave de regulación hídrica. De hecho, el inventario de Tierra del Fuego muestra que muchos de los cuerpos de hielo que desaparecieron en la última década fueron precisamente los más pequeños.
“La minería moderna puede convivir con los glaciares.”	Sugerir que la tecnología elimina los riesgos ambientales.	Ninguna tecnología elimina los impactos asociados a remoción de roca, alteración del drenaje o contaminación potencial. Por eso la legislación adopta el principio precautorio, especialmente en ecosistemas estratégicos.
“La ley es demasiado amplia porque incluye el ambiente periglacial.”	Intentar excluir zonas periglaciares para habilitar proyectos mineros en esas áreas.	El ambiente periglacial forma parte del sistema hidrológico de montaña: almacena agua congelada, regula escorrentías y sostiene caudales. Excluirlo debilita la protección de las cuencas de origen glaciar.
“Modificar la ley permitiría aprovechar recursos que hoy están bloqueados.”	Enfocar el debate solo en el valor económico de los minerales.	Los glaciares son infraestructura natural de agua. Su pérdida tiene costos económicos enormes en términos de seguridad hídrica, adaptación climática y degradación de paisajes que sostienen economías regionales como el turismo.

CÓMO LA PRESIÓN SALMONERA CORROE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS.

 

El 15 de diciembre de 2025 quedará registrado como un día oscuro para la política ambiental de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur

En una sesión marcada por la irregularidad y el cierre del debate público, un grupo de legisladores y legisladoras aprobó la modificación de la Ley Provincial N° 1355, un marco normativo ambiental de referencia a nivel nacional y regional que protegía los mares, ríos y lagos fueguinos de la industria salmonera.

La Ley 1355, de orden público y construida con amplio consenso social, científico y político, fue alterada de manera ilegítima, autoritaria y a puertas cerradas, desconociendo su espíritu original y la voluntad popular que la sostuvo desde su sanción. Con esta decisión, la protección de los ecosistemas acuáticos frente a una de las industrias más contaminantes del mundo llega, al menos por ahora, a su fin.

Durante la sesión legislativa, las y los legisladores que tomaron la palabra para denunciar el proceso irregular que condujo al tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y para fundamentar la plena vigencia de la Ley 1355 realizaron exposiciones claras, sólidas y técnicamente respaldadas. Se trató de análisis pormenorizados, basados en informes científicos, normativas ambientales y evaluaciones económicas, que evidenciaron los graves impactos ambientales, sociales y productivos de la salmonicultura.

Estas intervenciones contrastaron de forma evidente con los discursos vacíos de contenido, carentes de sustento técnico y pobremente estudiados de legisladores y legisladoras de FORJA, La Libertad Avanza y el Partido Justicialista, quienes impulsaron y acompañaron la modificación. En este punto, la sesión dejó una conclusión inequívoca: no existe grieta cuando se trata de extractivismo; los intereses convergen y las diferencias se diluyen.

Quienes aprobaron la modificación de la 1355- Lapadula (Provincia Grande), Greve (FORJA), Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Martínez (FORJA), Pino (PJ), García (PJ), Seltzer (LLA) y Gracianía (LLA)- nunca dieron cifras concretas sobre los supuestos “puestos de trabajo” que generaría la salmonicultura, ni pudieron explicar qué “nuevas tecnologías” califican a esta actividad como sustentable. La razón es simple: no existen. Tampoco lograron esgrimir argumentos sólidos a favor de la reforma, limitándose finalmente a votar “porque era lo que había que hacer”. Aprobaron un proyecto maquillado con palabras “verdes”.

El Poder Ejecutivo y los legisladores que aprobaron la modificación desconocieron dictámenes de organismos ambientales, informes científicos independientes, estudios económicos y, fundamentalmente, la voluntad popular expresada de manera sostenida desde 2018. Más aún, se negaron a incorporar al debate tres informes técnicos oficiales elaborados por áreas del propio Gobierno Provincial vinculadas a la conservación de la biodiversidad, los recursos hídricos y la planificación y gestión ambiental, los cuales desaconsejaban explícitamente la modificación de la ley.

Estos informes detallan de manera exhaustiva las contradicciones del nuevo marco normativo con leyes vigentes y advierten sobre un aspecto especialmente grave: la alteración de la autoridad competente para decidir sobre el uso integral del agua. En términos concretos, esto habilita que el uso del agua para la acuicultura pueda priorizarse por sobre el consumo humano, una situación de extrema gravedad en términos ambientales, sanitarios y de derechos.

Como si todo esto no fuera suficiente, la jornada quedó atravesada por un hecho político que profundizó el descrédito del proceso: el cambio abrupto de postura del legislador Lapadula  que, apenas cuatro días antes, había declarado públicamente en distintos medios que habilitar salmoneras implicaba “hipotecar a la Provincia”. Sin embargo, en la sesión decidió votar afirmativamente la modificación de la ley, alineándose con los intereses que hasta días atrás decía cuestionar.

La aprobación de esta reforma no solo debilita la legislación ambiental fueguina, sino que sienta un precedente peligroso para la región y el país, al demostrar que consensos ambientales amplios pueden ser desarticulados sin debate, sin transparencia y de espaldas a la sociedad.

¿Hasta dónde son capaces de llegar?

Aprobar una ley sin importar lo que se destruya en el camino. Aprobar una ley a cualquier costo. Esa parece haber sido la consigna que atravesó todo el proceso de modificación de la Ley 1355, marcado por una sucesión de hechos que erosionan la institucionalidad democrática y profundizan la desconfianza ciudadana.

El primer episodio tuvo lugar en el ámbito legislativo, durante el tratamiento en comisión. Una reunión que había ingresado formalmente en cuarto intermedio fue retomada de manera irregular luego de que la presidenta de la Comisión se retirara del recinto. En su ausencia, cuatro legisladores —Miriam Martínez, Juan Carlos Pino, Agustín Coto y Gisela Dos Santos— decidieron levantar el cuarto intermedio y aprobar un dictamen ilegítimo.

El acta de aquella reunión no apareció durante meses, y cuando finalmente salió a la luz, lejos de aclarar el procedimiento, dejó en evidencia un nuevo bochorno institucional: un escrito que no cumplía con las pautas formales básicas, presentado únicamente luego de un amparo judicial. El costo político e institucional de este accionar fue alto. Ante la falta de respeto y el vaciamiento de su rol, la legisladora María Laura Colazo presentó su renuncia indeclinable a la presidencia de la Comisión N.° 3.

El segundo episodio vergonzoso tuvo como protagonista a la ministra de Producción y Ambiente. Conociendo de antemano que el dictamen del Consejo Provincial de Medio Ambiente (CPMA) sería contrario a los intereses de las empresas salmoneras y de autoridades de convicciones fluctuantes —muchas de las cuales hoy avalan la salmonicultura y hace cinco años celebraban su prohibición—, la ministra avanzó en la suspensión arbitraria de la reunión del Consejo, pese a que dicha atribución corresponde exclusivamente a la Secretaría de Ambiente.

Sin embargo, la reglamentación del CPMA es clara. La entonces secretaria de Ambiente, consciente de su responsabilidad institucional, convocó y sostuvo la reunión, que finalmente se realizó conforme a la normativa vigente. En ese ámbito, el CPMA aprobó un dictamen contundente solicitando la plena vigencia de la Ley 1355, que prohíbe la producción de salmones en mares, ríos, lagos y lagunas de la provincia, y lo remitió formalmente a la Legislatura Provincial.

Lejos de ser escuchado, este posicionamiento técnico e institucional tuvo consecuencias alarmantes. Con tristeza —más que sorpresa— se conoció posteriormente la renuncia de la Lic. Andrea Bianchi a su cargo de secretaria de Ambiente y de la Lic. Ayelén Boryka a la Subsecretaría. Ambas profesionales se caracterizaron por su responsabilidad, ética y solvencia técnica, y fueron capaces de sostener sus informes contrarios a la modificación de la Ley 1355 con argumentos científicos, técnicos y normativos. Su salida constituye otro golpe a la ya debilitada institucionalidad ambiental de la provincia.

La modificación de la Ley Provincial N° 1355 no solo implica un retroceso en materia de protección ambiental, sino que además se construyó sobre una serie de contradicciones técnicas, jurídicas e institucionales que fueron advertidas de manera explícita por los propios organismos ambientales del Estado provincial.

Contradicción normativa central

La modificación propone “promover el desarrollo sustentable de la acuicultura” mientras desarticula el plexo normativo ambiental vigente, vulnerando principios constitucionales, la Ley Provincial de Medio Ambiente (N° 55) y la Ley de Aguas (N° 1126), que garantizan la protección integral del ambiente y del recurso hídrico.

Lejos de representar un avance en términos de desarrollo sustentable, el proyecto aprobado se apoya en un maquillaje verde: incorpora términos, conceptos y herramientas ambientales solo en el plano discursivo, pero los vacía de contenido real al debilitar controles, desplazar a la autoridad ambiental y contradecir la normativa vigente. Entre otros aspectos representa:

Regresión ambiental encubierta: Se intenta otorgar a la nueva norma un carácter de “ley base”, colocándola por encima de leyes ambientales preexistentes, violando el principio de progresividad y no regresión ambiental reconocido por la Constitución Provincial y la Ley General del Ambiente

Confusión deliberada entre actividad prohibida y permitida: El texto modificado prohíbe y habilita simultáneamente la salmonicultura, introduciendo excepciones ambiguas (investigación, repoblamiento o “fines análogos”) sin precisión técnica ni territorial, lo que genera inseguridad jurídica y abre la puerta a interpretaciones discrecionales

Uso del concepto “sustentable” sin sustento técnico: Se habilitan sistemas RAS u otros “de similares características” sin definir criterios ambientales claros, vaciando de contenido real el concepto de sustentabilidad y sin demostrar que dichas tecnologías eviten impactos sobre el ambiente y el agua.
 

Desplazamiento de la Autoridad Ambiental: La modificación transfiere funciones clave —Evaluación Ambiental Estratégica, control y fiscalización— a la Secretaría de Pesca, desplazando a la Secretaría de Ambiente, en abierta contradicción con la Ley 55, la Ley 1126 y el Decreto Provincial 809/2025

Riesgo directo sobre el agua para consumo humano: Al alterar el esquema de gestión integral del agua, la reforma habilita priorizar el uso del agua para acuicultura por sobre el consumo humano, contradiciendo el artículo 66 de la Ley de Aguas, que establece al abastecimiento poblacional como uso prioritario.

Evaluación Ambiental Estratégica mal asignada: Aunque se menciona la EAE como instrumento, se asigna su ejecución a la autoridad productiva, cuando la planificación hídrica y ambiental es competencia exclusiva de la autoridad ambiental, vaciando de sentido la herramienta.

Fragmentación del ambiente como “sectores”: La propuesta trata el ambiente de manera sectorial y productivista, desconociendo que el ambiente es un sistema integral, tal como lo establecen la Constitución Provincial y la normativa ambiental vigente.

 

Contradicción con áreas protegidas: La modificación no garantiza la compatibilidad con el Sistema Provincial de Áreas Protegidas ni con las leyes específicas de reservas provinciales, poniendo en riesgo ecosistemas legalmente protegidos.

 

Inseguridad jurídica y debilitamiento institucional: La superposición y redefinición confusa de autoridades de aplicación genera conflictos de competencia, debilita los controles ambientales y sienta un precedente peligroso para la gestión de otros usos del agua y los recursos naturales.

 

Lejos de tratarse de una discusión ideológica o de posiciones políticas contrapuestas, los cuestionamientos a la reforma se basan en informes oficiales, análisis normativos y fundamentos científicos que señalan inconsistencias graves, superposición de competencias, vulneración de leyes vigentes y riesgos concretos para el ambiente y el acceso al agua.

Nada de lo ocurrido será naturalizado ni olvidado. La modificación de la Ley 1355 no cierra este conflicto: lo abre. Frente a un proceso viciado, regresivo y contrario a la normativa ambiental vigente, recurriremos a la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada y se restituya la plena vigencia de un marco que protegía bienes comunes esenciales.

No vamos a permitir que decisiones tomadas a puertas cerradas, ignorando informes técnicos, dictámenes oficiales y la voluntad popular, queden impunes bajo el paso del tiempo.

La defensa del ambiente no prescribe, y quienes hoy levantaron la mano para habilitar la destrucción deberán hacerse responsables, en los tribunales y en la memoria colectiva.

La sociedad fueguina ya demostró que no se resigna.

Esto no termina acá: empieza una nueva etapa de organización, de acción judicial y de construcción de memoria para que este atropello no se repita.

Más info: https://ficaush.manekenk.org.ar/

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos de manera categórica la decisión del gobierno argentino de retirar a la delegación oficial de las negociaciones de la COP29 de Cambio Climático.

La decisión adoptada por el gobierno constituye un retroceso histórico en materia de política ambiental y climática para nuestro país. La Argentina ha participado de manera activa en las negociaciones climáticas desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y ha generado enormes contribuciones en la materia.

La ausencia de esta instancia de negociación y participación en estos espacios multilaterales, además de romper con una larga tradición internacional, nos margina y aleja de las posiciones que sostienen las democracias más desarrolladas en la materia. Además, nos priva de participar en la toma de decisión sobre un tema fundamental para el país: el financiamiento necesario para abordar la crisis climática y ecológica

De la misma forma instamos a cumplir de manera plena con los compromisos asumidos tanto a nivel nacional como internacional con el Acuerdo de París, el cual ha sido ratificado mediante la ley Nº 27.270 y rechazamos cualquier intento o iniciativa que implique el apartamiento del mismo.

Argentina es un país que sufre de manera directa las consecuencias que produce el cambio climático con eventos cada vez más severos y frecuentes como las sequias, los incendios, inundaciones y la destrucción de bosques y de biodiversidad, que han generado pérdidas de vidas humanas y daños de todo tipo, principalmente en la población más vulnerable.

Por ello, necesitamos contar cada vez con más y mejor financiamiento que nos permite hacer frente a estas graves consecuencias y adaptarnos a los cambios que están ocurriendo más allá de cualquier creencia sobre su origen. Es participando en las negociaciones globales climáticas donde podremos incidir para logar conseguir las herramientas que nos permitan hacer frente a esta realidad. Más aun cuando se espera que la COP29 defina una nueva meta cuantificada de financiamiento climático que los países del Norte Global deben proveer a los países del Sur Global para poder abordar los daños y prevenir futuros perjuicios causados por el cambio climático.

Este es un espacio en el que todos los Estados Partes deben ser escuchados, poniendo sobre la mesa sus necesidades y circunstancias, y donde existen oportunidades significativas para construir y avanzar con agendas más ambiciosas que fomenten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, siempre sobre la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Retirarse de las negociaciones climáticas impactará negativamente en la imagen internacional de nuestro país, lo que a su vez podría repercutir en la actividad productora y las exportaciones.

Esto adquiere especial relevancia en un contexto global donde los estándares son cada vez más estrictos, frecuentemente vinculados a metas climáticas o a garantías de productos de un origen libre de deforestación.

La decisión adoptada, además de no haber sido explicada constituye una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático (Ley 27.520/19) votada hace muy pocos años por unanimidad por el Congreso de la Nación y fundamentalmente a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución Nacional.

 

19 de noviembre de 2024

 

 Sr. Gobernador Gustavo Melella 

Gobernador

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Legisladores y Legisladoras

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

A tres años de la sanción por UNANIMIDAD de la Ley Provincial N° 1355, los abajo firmantes seguimos sosteniendo y apoyando la prohibición del modelo de producción insostenible de salmonicultura en jaulas en Canal Beagle, en lagos y mares fueguinos.

En el mundo, la acuicultura es la actividad relacionada con la alimentación en mayor expansión. Sin embargo, muchas de estas prácticas provocan un impacto negativo en los ecosistemas marinos. En Latinoamérica, se pueden ver los efectos provocados por esta actividad en Chile, que es el segundo productor mundial de salmones y truchas de cultivo, después de Noruega. El cultivo intensivo de salmónidos tiene un alto costo ambiental y el agravante está dado por su condición de especie exótica, lo que conlleva impactos diferenciales a los de la práctica en regiones en las que las especies son nativas.

Tierra del Fuego conoce el daño que genera la introducción de especies exóticas. Además, las aguas patagónicas no son el ambiente natural para estos peces. Los principales problemas ambientales documentados y asociados a esta industria son:

1. El escape de salmónidos, lo que implica la introducción de especies exóticas, desde las jaulas de cultivo al ambiente natural.
2. El abuso de antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas.
3. La introducción y propagación de enfermedades y de sus agentes causales.
4. La acumulación de residuos sólidos y líquidos en el fondo marino, derivados de los alimentos no consumidos, fecas y mortalidad de los salmones.
5. Los desechos industriales que las empresas salmoneras abandonan, como jaulas, plásticos, boyas, cabos, etc.
6. La presión pesquera sobre especies silvestres usadas para harina y aceite de pescado que acaban como alimento de salmónidos.
7. Las interacciones negativas directas e indirectas con mamíferos marinos y aves, algunas de estas especies con estados de conservación delicados. Estamos convencidos de que la ley que se pretende derogar no solo es la que beneficia a nuestra comunidad actual, sino que también sienta las bases para un futuro próspero y sostenible.

Ese fue el objetivo que animó los intercambios y discusiones que los distintos sectores del quehacer fueguino, los legisladores y el ejecutivo provincial, mantuvieron durante el proceso de estudio y elaboración de la Ley Provincial 1355. Un ejemplo de participación democrática donde fue el pueblo, en conjunto con sus representantes, quienes decidieron el rumbo a seguir.

 

El Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental es el espacio más relevante en la región que pone en evidencia la fuerza del campo de conocimiento y la práctica educativo ambiental

Modalidad presencial y virtual

Gratuito

 

En sus anteriores ediciones se ha logrado avanzar en la discusión epistemológica de los conceptos y prácticas de la Educación Ambiental; el fortalecimiento de las redes, la legislación específica, la institucionalización, la formación y la profesionalización de la Educación Ambiental; el desarrollo de su campo investigativo y los avances en su didáctica (emergente y no prescriptiva); así como en la revisión y actualización de Tratados, Cartas y otros productos escritos.

Desde 1992 se han realizado en Latinoamérica siete Congresos, en Guadalajara (1992, 1997), Caracas (2000), La Habana (2003), Joinville (2006), San Clemente de Tuyú (2009) y Lima (2014).

La octava edición de este Congreso, que se realizará en Santiago de Cali (Colombia), del 16 al 18 de octubre de 2024, representa una oportunidad única para: 

a. Visibilizar la importancia de la Educación Ambiental como base fundamental para la construcción de ciudadanía ambiental, tanto para la protección de la biodiversidad, como para la transición hacia la sustentabilidad, mediante procesos participativos que involucren a todos los actores sociales en la toma de decisiones.

b. Fortalecerla articulación entre la Educación Ambiental y las políticas públicas ambientales a nivel local, regional y global.

c. Generar recomendaciones concretas para la inclusión de la Educación Ambiental en los planes de acción y las estrategias de las diferentes agendas ambientales y espacios de decisión nacionales e internacionales.

 

MAS INFO AQUI

Modalidad presencial y virtual

En una entrevista reciente con el director del Centro Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas Nuñez, en Radio Provincia de Tierra del Fuego (99.9), se abordó la situación de la industria salmonera en Chile.

Esta industria ha estado en constante expansión durante más de 30 años, tanto a nivel territorial como productivo. Esta evolución es crucial para anticipar posibles desarrollos similares en Argentina, especialmente en Tierra del Fuego.

Cuando la mega industria salmonera internacional llegó a Chile en la década de 1980, lo hizo con tres promesas fundamentales: proteger el medio marino, solucionar problemas de hambre y malnutrición, y establecer altos estándares laborales y sociales. Sin embargo, tras 44 años, ninguna de estas promesas se ha cumplido.

Impacto Ambiental y Social

La producción salmonera ha crecido un 3,600% entre 1990 y 2022, lo que ha generado un impacto significativo en el medio ambiente y en las comunidades locales. Para producir una tonelada de salmón, se requieren tres toneladas de peces silvestres, lo que ha llevado a la sobreexplotación de diversas especies marinas. Actualmente, el 56% de las pesquerías chilenas están sobreexplotadas o colapsadas, afectando también a la pesca artesanal.

Seguridad Alimentaria y Exportaciones

Más del 80% de la producción de salmón se exporta, principalmente a Estados Unidos y Asia, sin contribuir significativamente a la seguridad alimentaria nacional. Chile, uno de los principales países pesqueros del mundo, tiene un consumo per cápita de pescado muy bajo, con apenas 13 kilos por habitante al año, por debajo del promedio mundial de 20 kilos. Esto evidencia que la industria salmonera no está destinada a alimentar a la población local, sino a satisfacer la demanda de mercados internacionales.

Condiciones Laborales

En términos laborales, Chile presenta las jornadas laborales más extensas y los salarios más bajos de la industria salmonera a nivel global. Con jornadas de 12 a 14 horas y sueldos promedio de 600 dólares mensuales, los trabajadores enfrentan altas tasas de infeccionalidad laboral y un bajo nivel de sindicalización. Desde 2003, se han registrado 82 muertes de trabajadores en esta industria.

Relaciones con otras Industrias y Fondos Internacionales

La industria salmonera está estrechamente vinculada con el sistema financiero internacional, especialmente con bancos noruegos y daneses, que proporcionan el respaldo financiero necesario para su expansión. Además, tiene fuertes lazos con la industria farmacéutica internacional debido al uso intensivo de antibióticos y químicos en la producción de salmón. También está conectada con la industria de transporte aéreo, naviero y terrestre, así como con las transnacionales de la alimentación animal. Esta red de relaciones hace casi imposible enfrentarse a los intereses económicos que la sustentan.

Poder y Control de la Industria

La industria salmonera en Chile opera casi como un estado dentro de otro estado, con un control significativo sobre territorios, comunidades y autoridades locales. En 2022, las exportaciones de salmón generaron 6.6 mil millones de dólares, consolidando su poder económico y político. Este poder ha permitido a la industria bloquear leyes regulatorias y promover su expansión hacia nuevas áreas como la Patagonia. Este fenómeno plantea serias cuestiones de soberanía, ya que la influencia de estas empresas multinacionales puede superar la del propio estado, comprometiendo la gobernanza y el control territorial.

Corrupción e Influencia de Empresas Multinacionales

La industria salmonera también se ha visto envuelta en prácticas de corrupción política, utilizando su poder económico para influir en decisiones gubernamentales y evitar regulaciones ambientales y sociales. Funcionarios y políticos locales a menudo terminan trabajando para la industria, lo que fortalece su influencia y capacidad para operar con mínimas restricciones. Este patrón de corrupción y cooptación de autoridades es alarmante y destaca la necesidad de una vigilancia y regulación más estrictas.

Perspectiva Binacional y Expansión en Argentina

La expansión potencial de la salmonicultura en Tierra del Fuego, Argentina, es una preocupación binacional debido a los ecosistemas frágiles y la alta biodiversidad del Canal Beagle. La entrada de capitales noruegos, chinos y japoneses en Argentina para este fin plantea riesgos similares a los observados en Chile, incluyendo la destrucción ambiental y la corrupción política. Es crucial que ambos países trabajen juntos para enfrentar estos desafíos y proteger sus ecosistemas compartidos.

La experiencia chilena con la salmonicultura debe servir de advertencia para Argentina. La expansión de esta industria trae consigo graves impactos ambientales, sociales y laborales. Es crucial que se tomen medidas preventivas para proteger los ecosistemas y las comunidades locales antes de permitir la instalación de la industria salmonera en nuevas regiones. Este es un tema de importancia binacional que requiere un enfoque conjunto y coordinado entre Chile y Argentina para salvaguardar la soberanía y el bienestar de sus territorios y poblaciones.

 

Escuchá la nota completa en: 

 

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), parte del proyecto de Ley Bases en debate en el Senado argentino, ha generado un amplio debate debido a sus potenciales implicancias económicas, ambientales y sobre la soberanía provincial en la gestión de recursos naturales.

 Beneficios Económicos y Fiscales.

El RIGI tiene como objetivo atraer grandes inversiones al ofrecer diversos beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Estos incluyen la exención de derechos de importación y tasas de estadística para bienes de capital, repuestos y componentes destinados a nuevos proyectos. Además, las empresas pueden disponer libremente de un porcentaje creciente de las divisas generadas por sus exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% a partir del tercer año.

Críticas y Controversias

Impacto en la Industria Nacional

Desde el sector industrial, se han levantado voces críticas argumentando que el RIGI podría fomentar una competencia desleal con la industria nacional. Las empresas acogidas al régimen tendrían ventajas significativas en costos de importación y beneficios fiscales que no están disponibles para las compañías locales, lo que podría perjudicar especialmente a las PyMEs.

Implicaciones Ambientales

Diversas ONG han expresado su preocupación por los efectos ambientales del RIGI. Estas organizaciones advierten que el régimen facilita la operación de empresas extractivas con menos restricciones, lo que podría llevar a la degradación de ecosistemas y afectar recursos hídricos esenciales. Además, señalan que los privilegios otorgados a estas empresas van en detrimento de las políticas ambientales provinciales y los compromisos climáticos asumidos por Argentina ante organismos internacionales bajo formato de Convenios que tienen jerarquía superior a la de la ley.

Algunas críticas específicas incluyen:

• Flexibilización de Normativas Ambientales: El RIGI considera lo ambiental como un costo a minimizar, lo que podría llevar a una flexibilización de las regulaciones ambientales existentes. Esto significa que las empresas beneficiarias del régimen podrían operar con menos restricciones ambientales, incrementando el riesgo de contaminación y degradación de los ecosistemas, afectando recursos esenciales.
• Acceso al Agua: El RIGI podría garantizar a las empresas mineras y de fracking acceso irrestricto al agua, incluso en situaciones donde las provincias intenten regular o limitar su uso para proteger a la población y el medio ambiente. Esto plantea un serio riesgo de sobreexplotación de los recursos hídricos.
• ⁠Extranjerización y Soberanía: Al facilitar inversiones extranjeras sin restricciones significativas, el RIGI podría aumentar la cantidad de tierra y recursos naturales en manos de capital extranjero. Esto no solo reduce el control provincial sobre estos recursos, sino que también debilita la soberanía nacional.

Soberanía Provincial

El RIGI podría debilitar la autonomía de las provincias sobre la gestión de sus recursos naturales. La Constitución Argentina establece que las provincias son responsables de administrar sus recursos, pero el régimen permitiría que la justicia federal intervenga y anule normativas locales que contradigan sus beneficios. Esto podría limitar la capacidad de las provincias para regular el uso de recursos críticos como el agua, fundamental para actividades como la minería y el fracking.

Extranjerización de Tierras

Otro aspecto preocupante es la posible exacerbación de la extranjerización de tierras y recursos naturales. Al facilitar inversiones extranjeras sin restricciones significativas, el RIGI podría aumentar la cantidad de tierra y recursos controlados por capital extranjero, reduciendo aún más el control provincial y nacional sobre estos activos.

Conclusión

Mientras que el RIGI busca fomentar grandes inversiones en Argentina, plantea serios desafíos en términos de competencia industrial, impacto ambiental y soberanía provincial sobre los recursos naturales. Las provincias podrían ver significativamente reducida su capacidad para administrar estos recursos de manera autónoma y sostenible, enfrentando mayores riesgos de sobreexplotación, conflictos legales y agotamiento de los recursos sin percibir compensación alguna.

Mirá el video que te explica más detalles

El respeto por la historia y la cultura es fundamental. El lago, cuyo nombre original era «Lago Acigami», fue rebautizado como «Lago Roca» al crearse el Parque Nacional Tierra del Fuego. Sin embargo, gracias a la decisión de la población de Ushuaia, se ha decidido restituir su nombre original, otorgado por el pueblo originario Yagan.

Es imperativo reconocer y honrar las raíces de nuestra tierra. Cambiar el nombre de un lugar sin considerar su significado cultural es una afrenta a la identidad de quienes lo habitan desde tiempos inmemoriales. El nombre «Lago Acigami» no solo refleja la rica herencia de los Yaganes, sino que también es un símbolo de resistencia y perseverancia cultural.

Como comunidad fueguina, repudiamos profundamente que se vuelva a colocar el nombre de Lago Roca. Este acto ignoró completamente la importancia histórica y espiritual que este lago tiene para nuestro pueblo. Además, es necesario recordar que el General Roca, cuyo nombre fue impuesto al lago, fue un genocida que exterminó a los pueblos indígenas de la Patagonia. Por lo tanto, hacemos un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad en general para rectificar este error y devolverle a este hermoso lago el nombre que verdaderamente le pertenece.

 

 

 

La administración de Parques Nacionales debe respetar los nombres originales de los lugares, los nombres que tenían antes de su llegada. La restauración del nombre «Lago Acigami» es un paso esencial hacia la reconciliación y el respeto mutuo. Es un reconocimiento de nuestra historia y una reafirmación de nuestra identidad cultural. Invitamos a todos los miembros de la comunidad a unirse a nosotros en esta noble causa para asegurar que el legado de nuestros antepasados sea honrado y preservado para las futuras generaciones.