Dictámenes Consejo Provincial de Medio Ambiente 2020-2026
Dictámenes 2019–2026
Consejo Provincial de Medio Ambiente — Tierra del Fuego
Consejo Provincial de Medio Ambiente — Tierra del Fuego
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El día de la Educación Ambiental se originó con la Declaración de Estocolmo, en 1972 (en la Conferencia sobre el Medioambiente Humano, organizada por las Naciones Unidas). En la misma, se estableció la Educación Ambiental como una prioridad. Como resultado, tres años después se firmó un acuerdo entre países —la Carta de Belgrado: un marco general para la educación ambiental— donde se establecieron metas ambientales, objetivos y principios de su educación.
Conocé los principios de la Carta de Belgrado haciendo clic en el botón.
Material didáctico elaborado por Asociación Manekenk que describe estrategias pedagógicas para elaborar un proyecto de Educación Ambiental. Podés descargarlo, compartirlo y regalarlo.
¿Dudas? ¿Preguntas? Escribinos a info@manekenk.org.ar
En un contexto donde la crisis climática impacta con mayor fuerza en los territorios y en los cuerpos de las mujeres, fortalecer el liderazgo y la incidencia de defensoras ambientales no es una opción: es una necesidad urgente.
Te invitamos a ser parte de estos Diálogos de Alto Nivel, un espacio de encuentro, formación y construcción colectiva para:
Potenciar liderazgos de mujeres y lideresas indígenas
Intercambiar experiencias territoriales
Construir estrategias de incidencia real en la agenda climática
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Porque sin mujeres no hay justicia climática.
Porque sin territorio no hay vida.
Lunes de mayo, junio y julio
19 a 21 hs
Modalidad virtual y presencial
Actividad 100% gratuita
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La defensa del ambiente también es una lucha feminista.
Ante la modificación de la Ley de Glaciares aprobada en el Congreso el pasado 9 de abril, en detrimento del ambiente e ignorando la manifestación ciudadana, se presentó un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de la provincia de La Pampa para plantear la inconstitucionalidad de la reforma.
La acción colectiva, impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, cuenta con el respaldo de más de 850.000 firmas. Se solicita una medida cautelar urgente para proteger el agua de las personas en Argentina, exigiendo la suspensión de la aplicación de la ley N° 27.804 que debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en todo el territorio nacional.
El amparo colectivo sostiene que la reforma de la Ley de Glaciares viola la Ley General del Ambiente, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el sistema de presupuestos mínimos ambientales establecido en la Constitución Nacional.
El amparo solicita la suspensión de toda reglamentación, resolución, acto administrativo o autorización vinculada a la nueva norma. Esto incluye:
La reforma reemplaza el criterio científico común por decisiones discrecionales de cada provincia sobre qué áreas proteger. Lejos de ser una actualización técnica, se trata de un intento de fragmentar la protección de recursos que alimentan el 40% de las cuencas hídricas nacionales y garantizan el agua para más de 7 millones de personas.
Esta acción judicial se presenta tras un proceso legislativo signado por las irregularidades.
Por un lado, una audiencia pública trunca en la cual se inscribieron alrededor de 102.000 personas y menos del 0,2% pudo participar oralmente. La modalidad de participación fue alterada una vez abierta la inscripción, bajo criterios que no cumplieron con los requisitos de transparencia pertinentes.
A su vez, causó alarma la transferencia de fondos ATN y adelantos de coparticipación efectuados durante el mes de marzo: casi 5.000.000 millones de pesos para inclinar la balanza a favor de la reforma de la Ley de Glaciares.
El bloque actor de la acción legal cuenta con la presencia de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares N° 26.639 sancionada en 2010, junto a una amplia red de asambleas y organizaciones territoriales de todo el país, entre ellas la Asamblea Jachal no se Toca, la Asamblea Popular por el Agua, la Asamblea Pucará, la Asamblea en Defensa del Territorio, la Asamblea Santa Cruz por el Agua, la Multisectorial Golfo San Matías, la Asamblea el Paraná No se Toca y la Asociación Alihuén. También cuenta con el apoyo de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.
Más de 102.000 personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas convocadas en el marco del proyecto de ley que pretende modificar la Ley de Glaciares. Sin embargo, menos de doscientas pudieron hacer uso de la palabra. Esta desproporción no solo resulta injustificada, sino que distorsiona gravemente el sentido de una participación social amplia, inclusiva y efectiva, especialmente en un debate que involucra la protección de ecosistemas estratégicos presentes en 12 provincias, 36 cuencas hídricas y fundamentales para el abastecimiento de agua de manera directa de más de 7 millones de personas en Argentina.
El cronograma de apenas dos días fue definido por las autoridades de las Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin contemplar la magnitud de la convocatoria ni la relevancia del tema en discusión. Pese a la participación masiva, no existió voluntad de ampliar los plazos ni de brindar explicaciones sobre la urgencia en el tratamiento de un proyecto que podría comprometer seriamente la seguridad hídrica del país.
Aunque el reglamento de la audiencia establecía que el proceso debía regirse por los principios de publicidad, transparencia, oralidad, informalismo y participación, estos fueron en los hechos desvirtuados. Se introdujeron modalidades no previstas originalmente —como la presentación de videos o documentos escritos— y se aplicaron criterios discrecionales para habilitar intervenciones orales, restringiendo de manera significativa el alcance del proceso participativo y afectando las legítimas expectativas de quienes se inscribieron conforme a las reglas iniciales.
Las irregularidades fueron múltiples. Se redujo arbitrariamente el tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos; se permitió la intervención de personas no incluidas en el listado oficial; y, al mismo tiempo, se impidió hablar a participantes que sí estaban inscriptos y que incluso habían viajado largas distancias para ejercer su derecho. A ello se sumaron interrupciones reiteradas por parte de legisladores, que obstaculizaron el desarrollo adecuado de las exposiciones.
En estas condiciones, la que podría haber sido una de las audiencias públicas más relevantes en materia ambiental del mundo se convirtió en una farsa, en una audiencia fraudulenta en que la mayoría no pudo expresarse ni ser escuchada.
La participación ciudadana no debe ser concebida como un obstáculo, sino como un componente esencial del proceso democrático y cuya finalidad es dar mayor legitimidad a las decisiones públicas, especialmente cuando se trata de iniciativas con potencial impacto ambiental y social.
No obstante, estas limitaciones, la masiva inscripción da cuenta del profundo interés social en la protección del agua y de los glaciares. Miles de personas de todo el país buscaron involucrarse activamente, logrando instalar el tema en la agenda pública y evidenciando la relevancia que amplios sectores de la sociedad asignan a estos bienes comunes.
La audiencia pública es una herramienta fundamental en los procesos de toma de decisión. Lo ocurrido los días 25 y 26 de marzo no cumplió con esos estándares y mucho menos con los principios de participación abierta, inclusiva, no discriminatoria, informada y transparente que prevé el Acuerdo de Escazú.
Frente a esta situación, las organizaciones y personas aquí firmantes solicitamos a la Cámara de Diputados de la Nación:
Sin participación plena y efectiva no hay libertad de expresión. Y sin libertad de expresión, la democracia se vacía de contenido.
El presente informe sintetiza los resultados más relevantes de la Actualización del Inventario de Glaciares de Tierra del Fuego (2021–2023) con el objetivo de aportar evidencia científica para la discusión legislativa sobre la protección de los ambientes glaciares.
El documento se basa en el relevamiento realizado por la Dirección General de Recursos Hídricos de la provincia mediante análisis de imágenes satelitales y siguiendo los criterios metodológicos del Inventario Nacional de Glaciares (IANIGLA-CONICET).
El inventario actualizado identifica:
Estas geoformas incluyen:
En conjunto, la superficie glaciar inventariada alcanza 15,12 km² en el sector argentino de la cordillera fueguina.
Además, existen geoformas menores cuya clasificación es incierta por limitaciones técnicas del análisis satelital, que podrían sumar aproximadamente 0,71 km² adicionales.
Estos datos confirman que Tierra del Fuego posee un sistema glaciar significativo y territorialmente relevante, particularmente en las cuencas que drenan hacia el Canal Beagle y el Lago Fagnano.
El resultado más contundente del estudio es la reducción sustancial de la superficie de hielo en la última década.
El análisis comparativo con inventarios anteriores indica que:
Este nivel de pérdida constituye una señal clara de aceleración del retroceso glaciar en la provincia.
El inventario evidencia que la pérdida no se limita a la reducción de superficie.
También se registra:
Esto implica que el sistema glaciar está perdiendo sus componentes más vulnerables, lo que reduce la resiliencia del sistema frente al calentamiento climático.
Incluso los glaciares más importantes de la provincia muestran retrocesos significativos.
Los análisis indican que los glaciares de mayor extensión registraron:
Entre los casos documentados se destacan:
Las observaciones muestran:
Estos procesos reflejan pérdida sostenida de masa glaciar.
El informe señala que durante el período 2016–2023 se registraron anomalías térmicas positivas respecto de años anteriores.
Este aumento de temperaturas coincide con:
Estos resultados son consistentes con los impactos regionales del cambio climático en ambientes de montaña.
Los glaciares cumplen funciones ambientales y socioeconómicas críticas para la provincia.
Reserva estratégica de agua dulce
Los glaciares actúan como reguladores naturales del ciclo hidrológico:
Por este motivo, la legislación nacional los reconoce como reservas estratégicas de agua.
Regulación climática
Los ambientes glaciares y periglaciares contribuyen a:
Su degradación puede amplificar efectos regionales del calentamiento.
Importancia económica y turística
Los glaciares y paisajes asociados constituyen uno de los principales atractivos naturales de Tierra del Fuego.
En particular:
forman parte del patrimonio natural que sostiene actividades turísticas vinculadas al senderismo de montaña, el turismo científico y la contemplación paisajística.
Implicancias para la política pública
Los resultados del inventario muestran que el sistema glaciar fueguino se encuentra en un proceso activo de retroceso y transformación.
Los datos disponibles indican que:
En este contexto, los glaciares adquieren una relevancia estratégica para:
La actualización del Inventario Provincial de Glaciares aporta evidencia científica clara sobre el estado actual de los glaciares de Tierra del Fuego.
Los resultados muestran que:
En este escenario, la información científica disponible subraya la importancia de fortalecer las políticas de protección y monitoreo de los ambientes glaciares como parte de las estrategias de gestión del agua y adaptación al cambio climático.
| Nº | Dato clave | Implicancia política |
| 1 | En Tierra del Fuego existen 300 glaciares identificados oficialmente | No se trata de casos aislados: es un sistema glaciar completo que requiere protección. |
| 2 | El inventario registró 320 polígonos glaciares mayores a 0,01 km² | La provincia posee una diversidad de geoformas glaciares de gran relevancia ambiental. |
| 3 | La superficie glaciar inventariada alcanza 15,12 km² | Constituye un reservorio significativo de agua dulce en la cordillera fueguina. |
| 4 | Entre 2013 y 2023 se perdió aproximadamente el 40% del hielo descubierto | Evidencia clara de retroceso glaciar acelerado en la última década. |
| 5 | Muchos glaciares pequeños y neveros permanentes ya desaparecieron | El sistema glaciar está perdiendo sus componentes más vulnerables. |
| 6 | Los glaciares grandes perdieron entre el 20% y el 30% de su superficie | Incluso los cuerpos de hielo más importantes están retrocediendo. |
| 7 | Algunos glaciares muestran retroceso del frente, adelgazamiento y fragmentación | La pérdida no es solo de superficie, también de volumen y estabilidad. |
| 8 | Se registraron anomalías térmicas positivas entre 2016 y 2023 | El retroceso glaciar está asociado al aumento de temperaturas regionales. |
| 9 | Los glaciares cumplen funciones de regulación del agua dulce de las cuencas | Son reservas estratégicas de agua para el presente y el futuro. |
| 10 | Los paisajes glaciares constituyen uno de los principales atractivos turísticos de la provincia | Su conservación también tiene implicancias económicas y culturales. |
Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce
Los glaciares almacenan agua en forma de hielo y la liberan gradualmente durante los períodos cálidos o secos, funcionando como reguladores naturales del ciclo hidrológico.
En regiones de montaña, esta función es clave para sostener caudales de ríos y abastecer cuencas aguas abajo.
En Tierra del Fuego, el inventario provincial identifica 300 glaciares que ocupan más de 15 km² de superficie glaciar, constituyendo un reservorio significativo de agua dulce para la provincia.
El retroceso glaciar ya está ocurriendo y está documentado científicamente
Los datos del inventario muestran que la superficie de hielo descubierto en Tierra del Fuego se redujo aproximadamente un 40% entre 2013 y 2023.
Además:
Esto demuestra que el sistema glaciar fueguino ya está en retroceso acelerado, fenómeno coherente con el aumento de temperaturas registrado en los últimos años.
La degradación glaciar afecta simultáneamente agua, clima y economía
Los glaciares cumplen tres funciones críticas para los territorios de montaña:
En Tierra del Fuego, glaciares como Vinciguerra, Ojo del Albino y los del cordón Alvear forman parte del patrimonio natural que atrae visitantes y sostiene actividades turísticas.
La pérdida de glaciares implica:
| Trampa argumental | Qué busca instalar |
Cómo desmontarla (respuesta técnica y política) |
| “La Ley de Glaciares frena el desarrollo económico.” | Presentar la protección ambiental como un obstáculo al progreso. | La ley no prohíbe la minería en todo el territorio, solo establece restricciones en ambientes glaciares y periglaciares, que son reservas estratégicas de agua. El desarrollo económico no puede basarse en comprometer recursos hídricos críticos. |
| “Los glaciares que se protegen son pequeños o irrelevantes.” | Minimizar la importancia de los cuerpos de hielo para justificar flexibilización normativa. | Los glaciares pequeños y el ambiente periglacial cumplen funciones clave de regulación hídrica. De hecho, el inventario de Tierra del Fuego muestra que muchos de los cuerpos de hielo que desaparecieron en la última década fueron precisamente los más pequeños. |
| “La minería moderna puede convivir con los glaciares.” | Sugerir que la tecnología elimina los riesgos ambientales. | Ninguna tecnología elimina los impactos asociados a remoción de roca, alteración del drenaje o contaminación potencial. Por eso la legislación adopta el principio precautorio, especialmente en ecosistemas estratégicos. |
| “La ley es demasiado amplia porque incluye el ambiente periglacial.” | Intentar excluir zonas periglaciares para habilitar proyectos mineros en esas áreas. | El ambiente periglacial forma parte del sistema hidrológico de montaña: almacena agua congelada, regula escorrentías y sostiene caudales. Excluirlo debilita la protección de las cuencas de origen glaciar. |
| “Modificar la ley permitiría aprovechar recursos que hoy están bloqueados.” | Enfocar el debate solo en el valor económico de los minerales. | Los glaciares son infraestructura natural de agua. Su pérdida tiene costos económicos enormes en términos de seguridad hídrica, adaptación climática y degradación de paisajes que sostienen economías regionales como el turismo. |
En el marco del proyecto Tras los pasos del Canelo, estamos llevando adelante clausuras temporales de sectores de bosque.
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Modificación de la Ley Provincial N° 1355 — 15 de diciembre de 2025
El 15 de diciembre de 2025 quedará registrado como un día oscuro para la política ambiental de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En una sesión marcada por la irregularidad y el cierre del debate público, un grupo de legisladores y legisladoras aprobó la modificación de la Ley Provincial N° 1355, un marco normativo ambiental de referencia a nivel nacional y regional que protegía los mares, ríos y lagos fueguinos de la industria salmonera.
La Ley 1355, de orden público y construida con amplio consenso social, científico y político, fue alterada de manera ilegítima, autoritaria y a puertas cerradas, desconociendo su espíritu original y la voluntad popular que la sostuvo desde su sanción. Con esta decisión, la protección de los ecosistemas acuáticos frente a una de las industrias más contaminantes del mundo llega, al menos por ahora, a su fin.
Durante la sesión legislativa, quienes tomaron la palabra para denunciar el proceso irregular realizaron exposiciones claras, sólidas y técnicamente respaldadas, basadas en informes científicos, normativas ambientales y evaluaciones económicas que evidenciaron los graves impactos ambientales, sociales y productivos de la salmonicultura.
Estas intervenciones contrastaron de forma evidente con los discursos vacíos de contenido de legisladores y legisladoras de FORJA, La Libertad Avanza y el Partido Justicialista. La sesión dejó una conclusión inequívoca: no existe grieta cuando se trata de extractivismo; los intereses convergen y las diferencias se diluyen.
Quienes aprobaron la modificación de la Ley 1355:
Lapadula (Provincia Grande), Greve (FORJA), Dos Santos (Sumemos Tolhuin), Martínez (FORJA), Pino (PJ), García (PJ), Seltzer (LLA) y Gracianía (LLA). Ninguno pudo dar cifras concretas sobre los «puestos de trabajo» prometidos ni explicar qué «nuevas tecnologías» hacen sustentable esta actividad. La razón es simple: no existen.
El Poder Ejecutivo y los legisladores que aprobaron la modificación desconocieron dictámenes de organismos ambientales, informes científicos independientes y la voluntad popular expresada de manera sostenida desde 2018. Más aún, se negaron a incorporar al debate tres informes técnicos oficiales elaborados por áreas del propio Gobierno Provincial que desaconsejaban explícitamente la modificación de la ley.
Estos informes advierten sobre un aspecto especialmente grave: la alteración de la autoridad competente para decidir sobre el uso integral del agua habilita que el uso del agua para la acuicultura pueda priorizarse por sobre el consumo humano, una situación de extrema gravedad en términos ambientales, sanitarios y de derechos.
Primer episodio: durante el tratamiento en comisión, una reunión que había ingresado formalmente en cuarto intermedio fue retomada de manera irregular luego de que la presidenta de la Comisión se retirara del recinto. En su ausencia, cuatro legisladores —Miriam Martínez, Juan Carlos Pino, Agustín Coto y Gisela Dos Santos— decidieron levantar el cuarto intermedio y aprobar un dictamen ilegítimo. El acta de aquella reunión no apareció durante meses y, cuando salió a la luz, fue únicamente por amparo judicial. Ante el vaciamiento de su rol, la legisladora María Laura Colazo presentó su renuncia indeclinable a la presidencia de la Comisión N° 3.
Segundo episodio: la ministra de Producción y Ambiente avanzó en la suspensión arbitraria de la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente (CPMA), pese a que dicha atribución corresponde exclusivamente a la Secretaría de Ambiente. La entonces secretaria de Ambiente sostuvo la reunión conforme a la normativa vigente, y el CPMA aprobó un dictamen contundente solicitando la plena vigencia de la Ley 1355. Lejos de ser escuchado, este posicionamiento tuvo consecuencias alarmantes: se conoció posteriormente la renuncia de la Lic. Andrea Bianchi a su cargo de secretaria de Ambiente y de la Lic. Ayelén Boryka a la Subsecretaría, dos profesionales que sostuvieron sus informes contrarios a la modificación con argumentos científicos, técnicos y normativos.
Tercer episodio: el cambio abrupto de postura del legislador Lapadula, quien apenas cuatro días antes de la sesión había declarado públicamente que habilitar salmoneras implicaba «hipotecar a la Provincia», para luego votar afirmativamente la modificación de la ley.
La modificación se apoya en un maquillaje verde: incorpora términos y herramientas ambientales solo en el plano discursivo, pero los vacía de contenido real al debilitar controles, desplazar a la autoridad ambiental y contradecir la normativa vigente. Entre sus principales problemas:
La modificación de la Ley 1355 no cierra este conflicto: lo abre. Frente a un proceso viciado, regresivo y contrario a la normativa ambiental vigente, recurriremos a la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada y se restituya la plena vigencia de un marco que protegía bienes comunes esenciales.
No vamos a permitir que decisiones tomadas a puertas cerradas, ignorando informes técnicos, dictámenes oficiales y la voluntad popular, queden impunes bajo el paso del tiempo. La defensa del ambiente no prescribe, y quienes hoy levantaron la mano para habilitar la destrucción deberán hacerse responsables, en los tribunales y en la memoria colectiva.
La sociedad fueguina ya demostró que no se resigna.
Esto no termina acá: empieza una nueva etapa de organización, de acción judicial y de construcción de memoria para que este atropello no se repita.