La organización cuestionó en el Consejo Provincial de Medio Ambiente la falta de avances concretos en materia pesquera y adelantó que presentará una medida judicial si el Gobierno habilita algún emprendimiento acuícola sin cumplir ese requisito legal.

Tras más de un año de reiterados pedidos, el subsecretario de Pesca de la Provincia, Marcioni, asistió por primera vez a una reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente, realizada el miércoles 19 de agosto con la participación de representantes de la universidad, CADIC, la Legislatura, organizaciones no gubernamentales y municipios. La Asociación Civil Mane’kenk, integrante permanente del organismo, protagonizó allí un intenso cruce sobre el estado real de los proyectos de reconversión productiva pesquera anunciados por el Gobierno provincial.

Según remarcó la presidenta de Mane’kenk, Nancy Fernández, de todas las inversiones y proyectos que el subsecretario viene anunciando en la prensa, el único que efectivamente avanza es el emprendimiento de la empresa Newsan para el cultivo de mejillones en la zona de Almanza, cuestionado tanto por la comunidad local como por el sector científico, el turístico y pescadores artesanales.

El eje central del reclamo de la organización fue el incumplimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), exigida por el propio decreto reglamentario de la Ley provincial N.° 1601 de Acuicultura como condición previa e ineludible para autorizar cualquier emprendimiento del sector. Consultado en la reunión sobre la fecha de inicio de ese proceso —participativo, y que puede demandar entre 12 y 15 meses— el subsecretario no pudo dar precisiones. «Si no hay evaluación ambiental estratégica, no puede haber proyectos. No tienen la menor idea de cuándo van a empezar», señaló Fernández.

En el mismo encuentro se plantearon otros cuestionamientos que reforzaron el reclamo de falta de transparencia en el área: representantes de CADIC objetaron que la Subsecretaría de Pesca invoca informes técnicos que, según indicaron, nunca fueron efectivamente remitidos por ese organismo. También se puso en discusión la construcción de un galpón en la zona de Almanza, cuya autorización ninguna de las áreas de gobierno presentes pudo precisar. A su vez, la legisladora Colazo informó sobre un proyecto en trámite en la Legislatura para la zonificación del canal Beagle, orientado a delimitar espacios para turismo, pesca artesanal, actividades náuticas y buceo, que —según remarcó Mane’kenk— debe llevarse adelante también bajo un proceso participativo, en la misma línea que la Evaluación Ambiental Estratégica.

Mane’kenk advirtió además sobre la intención de avanzar con salmonicultura en aguas de las Islas Malvinas, y reclamó una posición firme de los gobiernos nacional y provincial ante el Reino Unido, dado que cualquier proyecto en el Atlántico Sur debe atenerse también a la normativa argentina. La organización recordó que continúa pendiente en el Superior Tribunal de Justicia el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 1601 impulsado por el legislador Villegas.

Fernández también expresó preocupación por el progresivo debilitamiento institucional del área ambiental, a partir de la pérdida de rango de las secretarías de Ambiente y su absorción por otras carteras. «Cada vez que hay que ajustar, van por la Secretaría de Ambiente», sostuvo.

Por último, la organización adelantó que, en caso de que el Gobierno habilite algún proyecto de producción acuícola sin haber completado la Evaluación Ambiental Estratégica, presentará de manera inmediata una medida judicial cautelar para frenarlo.

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